El expresidente de Perú Ollanta Humala, a quien recientemente se anuló su condena por la financiación ilícita de sus campañas, ha criticado la disparidad con la que la Justicia actuó con respecto a su caso y al de la presidenta Keiko Fujimori, a quien ha acusado de haber recibido “aportes ilegales” para su partido.
Humala ha cuestionado que los tribunales aceptaran los recursos que Fujimori fue presentando para frenar esas imputaciones por lavado de dinero y financiación irregular de sus campañas electorales bajo los mismos argumentos que le rechazaron a él, con el agravante, ha subrayado, de que ella “sí recibió” dinero.
Del mismo modo, el expresidente peruano ha vuelto a incidir en que su caso fue una “persecución ideológica”, como muestra de que las acusaciones apuntaban hacia supuestos aportes que recibieron de “gobiernos de izquierda”, en alusión a que ese dinero procedía de la Venezuela del entonces presidente Hugo Chávez.
“En los otros partidos las acusaciones eran por grupos empresariales; en nuestro caso, ha sido una persecución ideológica por nuestra gestión de gobierno”, ha afirmado en una entrevista para un podcast del diario ‘La República’.
Humala (2011-2016) salió de la cárcel de Barbadillo, en Lima, el pasado 1 de agosto, apenas unas horas después de que el Tribunal Constitucional anulara su condena de 15 años por lavado de dinero,impuesta en abril de 2025, en relación a la financiación irregular de sus campañas electorales.
El Constitucional aceptó el ‘habeas corpus’ que cuestionaba todo el proceso al considerar que se habían vulnerado derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la falta de delimitación del delito, o que se aplicaron castigos de carácter retroactivo sobre acciones que no eran constitutivas de ello.
Los años en los que se realizaron las campañas presidenciales de Humala la legislación peruana no contemplaban la financiación irregular de las mismas ni la receptación patrimonial –cuando alguien recibe a sabiendas un dinero ilícito con ánimo de lucro– como modalidades explícitas de lavado de dinero.
En cuanto a Fujimori, fue imputada por lavado de dinero, organización criminal, obstrucción a la Justicia y falsificación documental por la financiación irregular de sus campañas de 2011 y 2016, incluyendo donaciones de un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y de otros grandes grupos empresariales de Perú.
Después de ingresar en octubre de 2018 en prisión preventiva, salió libre por un fallo del Constitucional en noviembre del año siguiente. Ya en 2020 volvió a entrar durante tres meses, aunque recuperó la libertad bajo fianza en el contexto de la pandemia del coronavirus. Finalmente, el caso ha sido archivado, siguiendo algunos de los argumentos que han anulado también la condena de Humala.
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