La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, ha resuelto este lunes reactivar las órdenes de arresto contra siete exmiembros representantes del Frente Comuneros del Sur de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales habían sido suspendidas a propósito de las conversaciones y negociaciones previas al Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
“La fiscal general de la Nación (…) ha reactivado las órdenes de captura contra siete exmiembros representantes de la organización armada ilegal autodenominada ‘Comuneros del Sur’, quienes habían sido beneficiarios de la suspensión de dichas actuaciones en el marco de los procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociopolíticos”, ha informado el propio organismo a través de un comunicado.
Esta medida ha sido adoptada después de que el pasado 3 de septiembre el Gobierno nacional diera por terminada la mesa de diálogo con ese grupo y revocara la designación de sus miembros representantes. Dichas mesas y espacios de interlocución socio-jurídica estaban enmarcadas en la denominada política de ‘paz total’ impulsada por el exmandatario Gustavo Petro.
Fue el propio De la Espriella quien informó de la adopción de varias resoluciones mediante las cuales se pondría término a estos procesos, sustituyendo la estrategia de negociación por una política centrada en el sometimiento de las organizaciones armadas y criminales a la Justicia.
Entre las referidas decisiones figuraba, concretamente, el cierre de la mesa de conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, así como la retirada de reconocimiento oficial a los negociadores que habían sido designados por la anterior Administración.
Concretamente, las órdenes de captura levantadas corresponden a Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias ‘Chuki’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias ‘Taliana’; Santo Eligio García Natascuas, alias ‘Santos’; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias ‘Lalo’; Leidy Paola Tapia Benavides, y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz.
Con todo, la resolución de la Fiscalía ha precisado que, con relación a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia del país “no procede reactivar las órdenes de captura” en la medida en que, esgrime el documento, “algunas ya se encontraban activas y otras nunca fueron suspendidas”.
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