La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal surgido de los acuerdos de paz de 2016 en Colombia, ha imputado este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 miembros retirados del Ejército, tres de ellos generales, por el asesinato de 604 personas en Costa Caribe presentado como bajas en combate.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha hecho este dictamen tras la investigación de 796 muertes que fueron registradas por el Ejército colombiano como resultados operacionales, lo que significa que “el 76 por ciento de las bajas en combate analizadas, que fueron reportadas entre enero de 2002 y octubre de 2008 por las 19 unidades militares investigadas, fueron falsas”, según ha afirmado el organismo en rueda de prensa.
Las más de 600 muertes denunciadas en ese período incluyen las de 31 indígenas, 26 menores de edad y 14 mujeres, entre ellas una embarazada. Hasta el momento, solo los cuerpos de 14 de las víctimas han sido entregados de manera digna, tras su localización e identificación, mientras que aún hay 122 víctimas sin identificar.
La JEP ha documentado asimismo que otras 13 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate antes de 2002 o después de 2008.
El organismo ha señalado a un total de 28 miembros retirados del Ejército por estos hechos: “Cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuración del patrón criminal y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”, recoge la JEP.
El grupo de imputados por “propagar el fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe colombiana” lo componen tres generales, dos comandantes, siete coroneles, tres tenientes coroneles y cuatro mayores, “entre otros oficiales y suboficiales de” las Fuerzas Armadas.
“En otros casos, su responsabilidad se derivó de su participación determinante en la ejecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidios de personas protegidas, desaparición forzada y tortura”, ha señalado antes de afirmar que estos “cometieron crímenes de manera sistemática y a gran escala” en los siete departamentos que forma parte de la Costa Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Los 28 imputados disponen de 30 días hábiles desde su notificación para aceptar o rechazar los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados por la JEP. En el segundo de los casos, se enfrentan a un juicio que podrá condenarles a 20 años de cárcel.
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