El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha declarado este sábado la constitucionalidad del decreto por el que el presidente Nicolás Maduro declaró a comienzos de esta semana el estado de emergencia económica en el país durante 60 días en respuesta a la “guerra comercial inédita y sin precedentes” desatada por Donald Trump.
La Sala Constitucional del TSJ ha argumentado, tras evaluar una petición del mandatario, que el decreto “cumple con los parámetros establecidos en la Carta Magna para garantizar la estabilidad económica y social del país en un contexto de desafíos significativos”, ha informado la televisión estatal venezolana VTV.
Declarada la validez del referido decreto de acuerdo con el artículo 339 de la Constitución venezolana, el Ejecutivo de Maduro tiene vía libre para continuar aplicando medidas de carácter económico orientadas a “preservar el equilibrio económico de la Nación”.
Esta resolución llega después de que el presidente venezolano, decretara este martes la “emergencia económica” a nivel nacional como reacción frente a la nueva política arancelaria de Trump, que la semana pasada impuso al país latinoamericano un arancel del 15 por ciento.
Más allá de mantener la estabilidad económica en el país, el objetivo de esta medida es “garantizar a la población el disfrute pleno de sus derechos humanos, el acceso a bienes y servicios esenciales y la cohesión y protección de los sectores productivos”, según explicó entonces el mandatario y así lo recogió VTV.
El decreto en cuestión permite a Maduro, entre otras, “suspender (…) la aplicación y cobro” de impuestos en todos los niveles de la Administración, “concentrar en el Tesoro Nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales” o establecer mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de las importaciones.
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