El representante de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Heraldo Muñoz, ha cuestionado el estado de excepción decretado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en siete regiones del país y ha pedido garantías para que el desarrollo de la jornada electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebra este domingo.
“Hemos enviado una comunicación escrita, anoche, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (Diana Atamaint) y a los distintos ministerios competentes pidiéndoles garantías para que se puedan ejercer los derechos que tienen que ver con el control electoral en los lugares donde hay estados de excepción”, ha explicado Muñoz en declaraciones recogidas por el portal de noticias Ecuador Inmediato.
Muñoz ha destacado que la votación “es un momento muy importante”, por lo que “esa labor de control electoral tiene que ser ejercida sin limitaciones”. La misiva ha sido ya recibida y el propio Muñoz ha instado ya el domingo y en persona a Atamaint a que “en esos lugares donde hay estado de excepción, existan las garantías para que se pueda ejercer la labor de control electoral”.
También la Asamblea Nacional de Ecuador ha manifestado su preocupación por la declaración y ha apelado al “espíritu democrático” para que la votación se lleve a cabo sin restricciones “indebidas”.
Entre las medidas denunciadas por la cámara parlamentaria se incluyen el cierre de fronteras, restricciones de desplazamiento, el levantamiento de la inviolabilidad del domicilio y la prohibición de llevar a cabo reuniones, según la misma nota.
La propia aspirante presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, había denunciado que el cierre de fronteras impide la entrada de observadores internacionales y el estado de excepción sirve “para bloquear la veeduría (supervisión) ciudadana y restringir derechos”.
El Decreto Ejecutivo con Número 599 declara el estado de excepción durante un plazo de 60 días en seis provincias, incluida Quito, apenas unas horas antes del inicio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales prevista para este domingo.
El decreto faculta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ejecutar operaciones conjuntas con el fin de recuperar el control territorial, tanto en las zonas afectadas como en los centros penitenciarios. Además suspende los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en el marco de las intervenciones autorizadas, restricciones a la libertad de reunión en espacios públicos y refuerzo de controles policiales y militares en zonas de alto riesgo. El decreto aclara que no limita el derecho a manifestarse pacíficamente.
Las provincias afectadas son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. También se incluye a los cantones de Quito (Pichincha) y de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), además de todas las cárceles del país.
El toque de queda aplica solo de 22.00 a 5.00 y en determinados cantones: Azuay, Guayas, Los Ríos, Orellana y Sucumbíos, y no afecta el horario de votación.
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