El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha exigido este sábado a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, que entregue a todos los colombianos que se encuentran detenidos en prisiones de El Salvador, así como a los venezolanos que han sido deportados a este país desde suelo estadounidense.
“No, señor Bukele, muy mal. No aceptamos y la justicia estadounidense no acepta, que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela, la tierra madre de Bolívar. Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Dejen libre al pueblo venezolano, porque ese pueblo sí sabe gritar Libertad”, ha expresado Petro en una publicación en su cuenta en la red social X.
Petro ha defendido que no es de justicia criminalizar “a todo el pueblo venezolano en el exilio” por los actos cometidos por la organización Tren de Aragua. En este sentido, ha argumentado que actuar de este modo supone “repetir los pasos de los ‘fachos’ contra los que lucharon a muerte los soldados estadounidenses”. “Los migrantes no son criminales, esta es una razón de humanidad”, ha apostillado.
Estas reivindicaciones llegan después de que el Tribunal Supremo de EEUU ordenara a primera hora de este sábado al Gobierno del país suspender las expulsiones amparadas en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, empleada por la Casa Blanca para encarcelar en El Salvador a migrantes irregulares acusados de pertenencia a organización terrorista.
Una sentencia, en palabras de Petro, “universal”: “No americana, de las américas, de la Gran América, que va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, sino universal como un tótem”, ha sentenciado.
La orden en cuestión afecta particularmente a los detenidos ahora mismo en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte del estado de Texas, acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua.
Al declarar a esta organización como entidad terrorista, la Administración Trump argumenta que acabó facultada para aplicar esta polémica ley, redactada en el siglo XVIII para su uso en tiempo de guerra.
La ley solo se ha invocado en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento.
No obstante, la Administración Trump ha terminado empleándola para expulsar “en caliente” a los migrantes que identificaban como miembros de esta organización criminal, independientemente de su estatus migratorio y sin cumplir el protocolo necesario.
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