La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) ha pedido al Gobierno de Argentina liderado por el presidente ultraderechista Javier Milei que levante “de inmediato” la prohibición de entrada de los periodistas a la Casa Rosada, sede de la Presidencia argentina.
“RSF llama al levantamiento inmediato de la suspensión del acceso de los periodistas acreditados a la Presidencia, que constituye una violación al derecho de informar y de ser informado. Tomada bajo el pretexto de una investigación por ‘espionaje’, esta medida obstaculiza el acceso a la información pública”, ha indicado en redes sociales.
El veto, que se mantiene este viernes por segundo día consecutivo, ha venido acompañado de ataques a la prensa por parte de Milei, que ha catalogado de “delincuentes”, entre otros términos, a los dos trabajadores del canal Todo Noticias denunciados por el Gobierno por presunto espionaje ilegal.
“Las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución. Obvio que jamás te contarán su delito precedente”, ha dicho en redes sociales en las últimas horas.
Esto se produce después de que el Gobierno argentino, a través de la Casa Militar –órgano encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivo– denunciara a los periodistas Luciana Geuna y Pablo Salerno tras grabar zonas comunes de la Casa Rosada, acusándoles de revelación de secretos y de exponer a los funcionarios a riesgos injustificados con sus acciones.
Las características ruedas de prensa de Manuel Adorni han dado paso, en los últimos meses, a un clima hostil contra los periodistas que, según denuncian las organizaciones de medios de comunicación, buscan coartar la libertad de prensa en medio de los escándalos de corrupción que sacuden al Gobierno argentino.
Precisamente sobre Adorni penden acusaciones de que pactó el pago de 65.000 dólares en negro a un intermediario por facilitar la compra de una vivienda en Buenos Aires en el marco de la investigación en su contra abierta por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias.
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