Diversas organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y sectores políticos de la oposición en Colombia han convocado una jornada de Paro Nacional para el próximo jueves 19 de noviembre, en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y a sus políticas de seguridad.
A través de un comunicado conjunto, más de un millar de delegados reunidos en el Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales declararon formalmente su oposición al Ejecutivo ultraderechista. Los convocantes han justificado la movilización, que se desarrollará en todas las regiones del país de forma “masiva y pacífica”, en el impacto que el ajuste fiscal tendrá sobre las clases medias y los hogares de menores ingresos.
En concreto, las organizaciones denuncian que la iniciativa tributaria contempla elevar el IVA de determinados productos de consumo diario del 5 al 19%, incrementar las cargas fiscales sobre los salarios y elevar los aportes a la salud del 4 al 8% para determinados trabajadores. Según detallan, el 75,32% del ajuste propuesto recae sobre mayores impuestos y contribuciones, frente al 24,68% derivado de la reducción del gasto público. Asimismo, rechazan los recortes de personal estatal, la reestructuración de entidades públicas y el aumento del servicio de la deuda pública, que pasará a representar el 24,5% del presupuesto nacional en 2027.
Esta nueva convocatoria de paro se produce semanas después de la multitudinaria jornada de protestas que el pasado 14 de octubre sacó a la calle a miles de personas en las principales ciudades del país. Aquella movilización, la primera de calado contra el mandato de De la Espriella, estuvo marcada por las duras críticas de la oposición al protocolo policial aprobado por el mandatario mediante decreto para regular el uso de la fuerza en las manifestaciones, una medida que los sindicatos consideran restrictiva pero que el presidente defendió asegurando que la protesta no puede estar “por encima del derecho a trabajar y movilizarse libremente”.
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