Un juzgado federal de Estados Unidos ha impedido este lunes a la Administración del presidente Donald Trump acabar con el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una medida concedida por su predecesor, Joe Biden, a cerca de 350.000 venezolanos en el país, y que fue revocada a principios de febrero de este año.
El juez del distrito Edward Chen ha dictaminado que las extensiones de protección otorgadas por el anterior gobierno en 2023 deben permanecer en su lugar hasta el momento.
Esta decisión responde a la demanda presentada por un grupo de migrantes venezolanos amparados por el TPS en la que alegaban que la revocación de las protecciones viola la Ley de Procedimientos Administrativos, que exige procedimientos específicos a las agencias federales a la hora de aplicar cambios políticos.
Asimismo, los demandantes argumentaron que la decisión adoptada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estaba motivada por prejuicios raciales y políticos, recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.
En este sentido, el juez ha dado la razón a los demandantes al señalar en su escrito de 78 páginas que Noem “hizo generalizaciones negativas sobre los beneficiarios venezolanos del TPS”. “Actuar sobre la base de un estereotipo de grupo negativo y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es el ejemplo clásico de racismo”, ha añadido.
Este magistrado designado por el expresidente Barack Obama ha objetado además las afirmaciones de las autoridades estadounidenses al considerar que la presencia de la pandilla de origen venezolano Tren de Aragua justifica la eliminación de las protecciones para los centenares de miles de residentes venezolanos en el país.
“El razonamiento de la secretaria carece por completo de apoyo probatorio. No hay pruebas de que los titulares de TPS venezolanos sean miembros de la banda Tren de Aragua, tengan conexiones con la banda y/o cometan delitos. Los titulares de TPS venezolanos tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general”, ha explicado Chen.
El expresidente Joe Biden promulgó en enero de 2024 una orden ejecutiva que amplió año y medio más el TPS para venezolanos, esto es, hasta octubre de 2026, lo que evitaba deportaciones de manera inminente o facilitaba que estos migrantes pudiesen trabajar de manera legal en Estados Unidos.
El dictamen coincide con la deportación de migrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad levantada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Este lunes, 17 supuestos miembros del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13) han sido trasladados a este lugar, pese a que la Administración de Donald Trump aún tiene pendiente de resolver en los tribunales norteamericanos una causa relativa a la expulsión de más de 200 venezolanos este mismo mes.
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