El Ministerio Público de Venezuela ha catalogado este lunes de “crímenes de lesa humanidad” los traslados de migrantes venezolanos por parte de la Administración Trump a una cárcel de máxima seguridad levantada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
“Es la discriminación por una nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad? Ser venezolanos. Eso no tiene parangón. Eso es una violación absoluta del Estatuto de Roma y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU”, ha señalado el fiscal general, Tarek William Saab, en un vídeo publicado en Instagram.
En este sentido, el fiscal ha recordado que El Salvador ha firmado el Estatuto de Roma. “(Los detenidos) han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes. Han sido privados ilegalmente de su libertad, aparte de haberles violado su integridad física”, ha señalado, agregando que ya hay casi 250 casos.
Saab ha asegurado que “ninguno está dentro de la lista de las órdenes de aprehensión que el Ministerio Público ha dictado con solicitud de alerta roja a Interpol”. “Quince han sido enviados en la madrugada de hoy deportados a El Salvador”, ha dicho, agregando que han sido trasladados “como bestias” a los aviones.
Sus declaraciones se producen después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, haya confirmado el traslado de 17 “violentos criminales”, entre los que figurarían “asesinos y violadores” –supuestos miembros del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13)– en “una exitosa operación antiterrorista”.
Estados Unidos ya expulsó este mismo mes a El Salvador a más de 200 migrantes a los que vinculaba a estos mismos grupos, pese a que un juez federal llegó a dictar una orden para paralizar los traslados. El presidente, Donald Trump, reclamó la expulsión de este juez por considerar que se entrometía en cuestiones políticas y su Gobierno ha elevado el pulso hasta el Tribunal Supremo.
El Departamento de Justicia estadounidense ha solicitado al Supremo que anule la orden que pretendía poner coto a las expulsiones de migrantes con la Ley de Enemigos Extranjeros, una prerrogativa de finales del siglo XVIII que otorga poderes especiales al presidente y fue concebida para contextos de conflicto.
El presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, defendió el viernes que la migración venezolana es “económica, de gente decente y trabajadora” y criticó que las autoridades estadounidenses califiquen a los migrantes venezolanos de miembros “de una pandilla de asesinos”.
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