El Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha notificado formalmente este viernes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión “firme e irrevocable” de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada “definitiva” del Tribunal Penal Internacional (TPI).
“Venezuela considera que la actuación de la corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Globa”, ha indicado el ministro de Exteriores, Félix Plasencia González, en un mensaje publicado en redes sociales.
En este sentido, ha explicado que este “patrón” por parte de la corte revela “una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”.
“Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”, ha dicho Plasencia sobre una decisión que se ha tomado el virtud del artículo 127 del Estatuto de Roma.
Por ello, Caracas ha rechazado dicha “dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”. Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, ha zanjado.
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