El canciller Hugo De Zela planteó este miércoles en la OEA que el asilo político se está usando de forma “distorsionada” por sesgos ideológicos y propuso que los países solo lo otorguen tras evaluar información objetiva del Estado territorial y de fuentes confiables, en alusión al caso de Betssy Chávez.
Postura de Perú ante la OEA
Hugo De Zela sostuvo ante el Consejo Permanente de la OEA que el derecho de asilo ha “evolucionado negativamente” y que algunos gobiernos usan la Convención de Caracas de 1954 para proteger a personas sin persecución política en Estados democráticos.
Señaló que esta práctica se apoya en información distorsionada por criterios ideológicos, lo que a juicio del Perú afecta la institucionalidad y la buena vecindad entre países.
De Zela precisó que el Perú no presentó un caso individual, pero reconoció que los hechos recientes, como el asilo otorgado a Betssy Chávez, evidencian esa tendencia. La ex primera ministra fue condenada por conspiración por los hechos del 7 de diciembre de 2022 y permanece asilada en la embajada de México en Lima mientras se mantiene pendiente el salvoconducto solicitado por ese país.
Propuesta de reforma del asilo diplomático
De acuerdo con la posición peruana, cuando un Estado concede asilo a una persona procesada por delitos comunes corre el riesgo de ser percibido como un “protector”, lo que puede minar la confianza ciudadana en la justicia y proyectar una sensación de impunidad.
El canciller advirtió además que el asilo genera obligaciones de largo plazo para el Estado que lo otorga, con posibles efectos sobre los derechos de la propia persona asilada.
La propuesta central presentada por De Zela es que los países asilantes evalúen los pedidos de asilo con información proporcionada por el Estado territorial, complementada con otras fuentes confiables, antes de decidir si procede o no el beneficio.
Planteó que la aplicación del artículo 9 de la Convención de Caracas deje de depender exclusivamente de un criterio subjetivo del Estado asilante y se base en procedimientos institucionales que aseguren objetividad, trazabilidad y responsabilidad.
Según la Cancillería, el Perú busca que se establezca un procedimiento obligatorio previo a la concesión del asilo diplomático, armonizado con los compromisos interamericanos de lucha contra la corrupción. Entre las ideas mencionadas figura consultar al Comité Jurídico Interamericano para fijar lineamientos que fortalezcan el uso legítimo del asilo y eviten su empleo para evadir procesos por delitos comunes.
Respuesta de México
La representante permanente de México ante la OEA, Luz Baños Rivas, defendió la decisión de su país de otorgar asilo diplomático a Betssy Chávez y rechazó que el Consejo Permanente se use para reinterpretar la Convención de Caracas de 1954. Sostuvo que ese órgano “no es el espacio competente” para revisar un tratado internacional y que cualquier cambio requeriría la participación y el consentimiento de todos los Estados parte.
México también cuestionó que la sesión se haya convocado solo después de conceder el asilo y solicitar el salvoconducto, lo que interpretó como un intento de “cambiar las reglas del juego” a partir de un caso particular, en tensión con el principio de irretroactividad.
Baños afirmó que su país actuó dentro del marco interamericano vigente y alertó que el debate promovido por el Perú puede poner en riesgo la naturaleza humanitaria del asilo.
La delegación mexicana recordó que el asilo genera obligaciones jurídicas para los Estados y advirtió que el incumplimiento de esas obligaciones —aludiendo a la negativa peruana de otorgar el salvoconducto— podría derivar en violaciones de derechos humanos.
En ese sentido, Baños remarcó que la inviolabilidad de los locales diplomáticos y el respeto a los compromisos internacionales no son negociables, aunque reiteró la disposición de México a mantener el diálogo siempre dentro del marco del derecho internacional.
También lee
