El hermano país de Brasil es conocido mundialmente por lo fastuoso de la celebración popular de sus carnavales, no solo de Río de Janeiro, sino de todo su territorio nacional. Por eso el famoso escritor brasileño Jorge Amado ubica a Vadinho, el mítico, sensual y vividor personaje de su novela “Doña Flor y sus dos maridos”, en el desenfrenado goce de los carnavales de Bahía, en el que bailó hasta el último de sus días.
Pues la historia judicial de nuestro país dirá que en estas fechas de carnavales, un 15 de febrero para ser más precisos, y en el Consulado peruano de Sao Paulo, se firmó lo que también puede ser el último de los días y la partida de defunción de los vadinhos que durante décadas hicieron de nuestro erario nacional un carnaval de obras y coimas, en colusión con Odebrecht, la transnacional del “arreglo” que nació en San Salvador de Bahía.
El Acuerdo de Colaboración Eficaz, firmado por la Fiscalía del Perú, la Procuraduría Ad Hoc, y los ejecutivos de esa transnacional de la corrupción es un acuerdo de delación, previsto en la legislación peruana y usado en los países más avanzados en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción; por el cual los delatores obtienen sustantivas rebajas de pena a cambio de información y pruebas que permitan desbaratar dichas organizaciones y capturar a los peces gordos, evitando así que campee la impunidad.
En ese acuerdo los ejecutivos de Odebrecht reconocen, voluntariamente, su responsabilidad penal en cuatro obras: IIRSA SUR, Metro de Lima, Vía Evitamiento Cusco y Costa Verde-Callao. Asimismo, asumen el pago de S/ 610’000,000 por concepto de reparación civil, y se comprometen a entregar todas la pruebas de los delitos de corrupción de los funcionarios peruanos de todo nivel, así como de las empresas que sirvieron para lavar el dinero de las coimas.
Los ejecutivos de la empresa se comprometen a acudir, por sí mismos, o sus empleados, de ser el caso, a todas las instancias judiciales a declarar sobe la identidad, de los que recibieron dinero, así como las cuentas en las que se hicieron los depósitos, lo cual estará corroborado por los archivos informáticos que pondrán a disposición de los fiscales, como son los sistemas Drousys y My Web Day, en los que se ocultaba el pago de los sobornos.
Los detractores del acuerdo han puesto el grito en el cielo, tildando el mismo de antipatriótico y perjudicial para el Estado peruano, por lo “irrisorio “de la reparación civil, y porque no se incluyen “las demás” obras de Odebrecht.
En principio el acuerdo no es un tratado internacional entre dos estados, es un acuerdo de colaboración eficaz entre los fiscales a cargo de las investigaciones, es decir, de los representantes del Ministerio Público, como titular de la acción penal, en el marco de las leyes procesales de la materia, con quienes han delinquido y se encuentran sometidos a investigación, con el propósito de que asuman su responsabilidad y brinden información. No es un acuerdo perfecto, y ninguno lo es. En virtud de los derechos constitucionales que asiste a todo investigado ellos se someten voluntariamente al mismo, la Fiscalía no los puede obligar.
Es cierto que solo reconocen dicha responsabilidad en los cuatro casos mencionados, pero a cambio entregarán la información de todas las obras y de todos los gobiernos; lo cual permitirá a la Fiscalía validar la información y pruebas de otras 40 obras investigadas. Eso es lo que los detractores desean evitar.
Al profundizarse las investigaciones de estas últimas, el acuerdo no impide la ampliación de la reparación civil, la cual hasta ahora ha sido calculada de conformidad a los parámetros fijados en la Ley 30737.
Sin embargo, aquellos se desgañitan gritando porque la empresa pague por todo, a sabiendas que esto por ahora no es posible. Asumieron la fallida estrategia del “todo o nada”, obviamente para que la Fiscalía nada obtenga y ellos sigan frescos y campantes, aduciendo luego de que los “han investigado por más de 20 años” y no les encontraron “nada”.
