El año 2019 ha sido decisivo para la universidad peruana. El impacto de la Ley Universitaria 30220 sigue incrementando su legitimidad con el paso del tiempo. El licenciamiento de la universidad peruana es rentable no solo para los inversores sino para el país. La opinión pública ha respondido con beneplácito porque advierte que es el inicio de la superación del profundo deterioro en que ha estado sumergida la universidad peruana, dominada por el negocio puro y duro, sin que importe el futuro de la nación. Aderezada mañosamente por la palabrería de los cuentistas de la “autonomía” cuya precisión conceptual sigue esperando el vocabulario universitario sin enfoque y sin teoría acorde con los tiempos.
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE), Alma Meter del Magisterio Nacional, ha hecho un considerable esfuerzo institucional para cumplir con aquellas condiciones básicas cuyas mediciones han sido aplicadas con cierto grado de precisión. Por primera vez se define, afina y aplica el concepto de indicador, clave en las ciencias sociales y la gestión, pero ausente hasta hoy de la evaluación institucional universitaria. Ponderación objetiva, no exenta de críticas, con un alto grado de objetividad en el cotejo de las evidencias, tal que algunas universidades han quedado fuera del licenciamiento, que la comunidad académica y social acepta. Corroborada por las propias universidades cuando publicitan sus carreras: “somos una universidad licenciada”.
Es un reto histórico que ha puesto a prueba el peso institucional, la resiliencia de sus autoridades, la sinergia de sus sistemas de gestión y sin duda, el liderazgo de sus rectores. Quedará registrado en la historia de cada universidad las dudas, los sin sabores, las disonancias y finalmente los logros. En cuanto a la UNE, vale la pena recordar algunos hitos como el 17 de septiembre de 2018 cuando la SUNEDU aprueba el Plan de Adecuación, luego el 4 de noviembre de 2019 fecha de inicio del proceso de verificación probatoria y el 12 de diciembre su licenciamiento mediante resolución N° 165-2019-SUNEDU-CD. Iniciando una etapa nueva conducente a la acreditación que es otro reto que pondrá a prueba la creatividad y talento de sus conductores como de sus docentes, no docentes y estudiantes.
¿Por qué la sociedad apoya un licenciamiento realizado seriamente? Porque ha advertido su valor estratégico para el desarrollo y seguridad nacional, porque garantiza los derechos de la juventud de acceder a la educación de calidad asegurando su futuro. Por lo que la SUNEDU debe incrementar su capacidad institucional y eficiencia para no ceder ante las amenazas. Los altos intereses de país lo exigen. El Estado tiene asimismo el deber de mejorar los presupuestos de las universidades estatales para hacer posible su desarrollo sistémico e integral. Pues la poesía, la novela y el cuento no es toda la “cultura”, los laboratorios de neurociencias, de física, de química y de biología, por ejemplo, requieren políticas concretas y presupuesto. Para que los maestros del pasado no sigan escribiendo sobre aprendizaje sin mencionar el cerebro.
Es a todas luces necesaria que las universidades deben ser autónomas para promover la crítica sin concesiones a los intereses religiosos, ideológicos y políticos empeñados en inmiscuirse en la investigación y el currículo para imponer sus creencias. No pocas veces las prédicas de autonomía vaciada de contenido han servido para esconder intereses. Un hecho que debe llamar a la reflexión es el que ofrece el rector de la Universidad Ricardo Palma: varios periodos Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y rector persistente de dicha universidad. Dirigente de izquierdas cuando Emilio Barrates Revoredo era Decano de la Facultad de Educación de San Marcos y opositor encarnizado de una reforma universitaria propuesta y defendida por Augusto Salazar Bondy. Hoy, después de muchas décadas, se ha convertido motu proprio en mascarón de proa de una nave extraña para colisionar contra el licenciamiento, sin aportar un solo concepto actual que permita pensar la universidad del siglo XXI.
Aquel estudiante “revolucionario” de antaño, en este escenario disruptivo, aliado de políticos apristas y fujimoristas, ha boicoteado sin tregua la reforma de la universidad peruana. Nadie se atrevería criticarlo si hubiera propuesto enfoques y sistemas más avanzados y progresistas profundizando las propuestas de lo que hoy se llama Ley Mora, pero no. Su “exitosa” gestión en una universidad que no tiene dueños, engatusando y “convenciendo”, ha tenido éxito en amansar a sus potenciales rivales hacia el rectorado. Haría bien SUNEDU, por amor de la transparencia, informar el modus operandi, los meandros y recovecos de su gestión. Los investigadores y académicos jóvenes merecen sacar lecciones que enseñen con el ejemplo y no se agoten en el “floro”.
