Durante su campaña, Keiko aseguró en repetidas ocasiones que respetaría la democracia y los resultados de las elecciones. Sus garantes, Mario Vargas Llosa, escritor peruano que defendió a Sebastián Piñera, Jair Bolsonaro, Iván Duque, Lenín Moreno y Mauricio Macri, y su hijo Álvaro Vargas Llosa, afirmaban que “una vez concluido el proceso, si el resultado le es adverso, ella (Keiko Fujimori) lo reconocerá”.
Pero Keiko no estaba dispuesta a perder. El conteo de la ONPE brinda una imagen clara: Pedro Castillo, el candidato opositor, la superaba por 49,420 votos. Así las cosas, Keiko no aceptó su virtual derrota.
Inicios
En una conferencia de prensa, la candidata denunció “irregularidades” durante el proceso. Presentó como pruebas actas con firmas presuntamente falsas, mesas de votación en las que los miembros tenían igual apellido (la candidata presumía que eran familia, pero esto se descartó rápidamente) y mesas en las que no recibió ni un solo voto. Esto, según sus argumentos, era “estadísticamente imposible”. Pero estas mesas estaban en provincias del sur del Perú, una zona de tendencia antifujimorista, por lo que el argumento caía a pedazos.
Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones internacionales como la Asociación Civil Transparencia anunciaron que “no había ningún indicio de fraude”. Keiko creó una narrativa en la que las últimas elecciones, lejos de ser un proceso democrático, era un campo de guerra en contra del comunismo, que nadie puede demostrar que existe. Esta narrativa caldeó los ánimos de la población y provocó manifestaciones en diversos puntos de la capital.
Acciones legales
Firmas legales famosas por representar a mineras y empresas multinacionales, entre ellas la firma Rodrigo, Elías & Medrano, que tiene como socio a Sandro Fuentes Acurio, exministro de Trabajo durante el régimen de Alberto Fujimori, revisaron las actas en las que Castillo figuraba como ganador.
El miércoles 9, cerca de las 8 de la noche, Fujimori realizó una conferencia junto con el excongresista Miguel Torres y el abogado Julio César Castiglioni para anunciar la presentación de 802 nulidades contra igual número de actas. Acusó a los miembros de mesa de votación en el Perú y el extranjero de cometer falsificación de las actas de escrutinio. Estas nulidades equivaldrían a cerca de 200,000 votos. Sin embargo, mientras Keiko ofrecía dicha conferencia, se vencía el plazo para la presentación de nulidades. Al día siguiente, jueves 10, se presentaron 639 casos, el viernes 11, 47 casos y el sábado, 37 casos. Todos fueron presentados de manera extemporánea. Durante estas fechas, miembros de la organización autodenominada “La Resistencia” (organización fujimorista conocida por su actuar violento) se presentaron ante la casa de Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Pero en esta conferencia hubo un hecho que llamó la atención. Miguel Torres es testigo en el caso de la acusación fiscal contra Keiko, por lo que estarían prohibidos de comunicarse entre ellos. Sin embargo, la candidata hizo caso omiso, por lo que el fiscal José Domingo Pérez hizo un pedido de prisión preventiva en contra de Fujimori. La respuesta se dará a conocer el lunes 21 de junio.
El viernes 11, el JNE amplió el plazo para la presentación de los pedidos de nulidad hasta el sábado 12. Sin embargo, este pedido fue anulado horas después tras un recurso de consideración presentado por Salas Arenas, tomando en cuenta un precedente sentado por una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se señala que, una vez terminados los plazos en un proceso electoral, no pueden ser ampliados.
Keiko manifestó que el hecho era un claro apoyo hacia Pedro Castillo. Mario Vargas Llosa, en entrevista con Canal N, calificó lo sucedido como “muy raro”. Su narrativa de fraude se iba consolidando.
¿Qué implica?
“Estos llamados a sus seguidores a ‘no rendirse’, estos mítines y movilizaciones, pareciesen una narrativa ya no tan dirigida a ganar la elección, sino a –desde ya– horadar la legitimidad del proceso. Esto tiene una connotación de daño a la democracia aún más fuerte, porque va más allá del proceso electoral en sí mismo e impacta negativamente sobre el proyecto del país en el escenario de un nuevo gobierno”, indicó la politóloga Paula Távara para El Comercio.
Producto de las movilizaciones en contra del presunto fraude se tuvo que cerrar el centro de vacunación instalado en Campo de Marte. Además, el diario La República denunció que manifestantes se habrían acercado la casa de Gustavo Mohme, director de dicho medio, como una forma de acoso. Se teme que este derive en agresiones físicas. Se supo también que Piero Corvetto, jefe de la Onpe, fue agredido verbalmente mientras almorzaba con su familia en el club Regatas.
El canal de televisión Willax, conocido por difundir informaciones falsas, reveló que el actual presidente de la República, Francisco Sagasti, se comunicó con Mario Vargas Llosa mediante una llamada telefónica. El contenido de la llamada no se dio a conocer en su totalidad. Se especulaba que era una intromisión en la campaña electoral.
Pero esta afirmación no tendría asidero pues la campaña ya terminó y las elecciones ya concluyeron. Por tanto, no representaría intromisión ni afectaría el principio de neutralidad. Además, el mismo Vargas Llosa le dijo a Canal N: “Sagasti no trató de influir sobre mí en absoluto para que la señora Fujimori aceptara el resultado”.
En una conferencia de prensa ofrecida a medios internacionales, Fujimori reiteró su discurso: estas elecciones habrían sido tomadas por la izquierda internacional y Fuerza Popular era el partido casi providencialista (en sus propias palabras, “el destino ha querido”) que salvaría al país.
El país se polarizó mucho más. Se registraron enfrentamientos entre los simpatizantes de ambos partidos. En redes, se hablaba de agredir a los votantes de Castillo. Los provincianos eran tildados de “ignorantes”. Tras una tercera elección, Keiko Fujimori hasta ahora se niega a aceptar su derrota.
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