Keikistas presentaron proyecto de ley que les permitiría ser reelectos en el Senado, burlando de este modo la reforma del Ejecutivo. El proyecto fue suscrito por María Melgarejo, Úrsula Letona, Tamar Arimborgo, Mario Mantilla, Moisés Mamani, Modesto Figueroa y Mártires Lizana y establece como requisito para postular al Senado haber sido congresista.
De aprobarse la propuesta, los congresistas podrían reelegirse en el Senado y modificar el clamor popular por la no reelección. La Keikista María Melgarejo presentó el lunes el proyecto de ley que trastoca la esencia del proyecto original del Ejecutivo para el retorno a la bicameralidad, que establece que para ser senador se requiere 10 años de experiencia laboral y haber sido diputado. En cambio, el proyecto de ley 3434/2018- CR señala que, para ser elegido como senador, será necesario haber representado a su departamento como congresista de la República, gozar de derecho de sufragio, contar con diez años de experiencia laboral o haber sido elegido diputado”.
El proyecto se anunció en medio del constante torpedeo de la bancada naranja a la reforma política. De acuerdo con parlamentarios, la no reelección de congresistas es un tema que puede crear serias fisuras en el partido de Keiko Fujimori, debido a la desesperación de ciertos integrantes por no desaparecer de la escena política. Según el congresista de Nuevo Perú (NP) Alberto Quintanilla el sector que se resiste a aprobar la no reelección es el sector más duro del fujimorismo y parece claro que se jugará todas sus cartas para que no se apruebe la propuesta del Ejecutivo, pues temen que eso signifique su sepultura política.
“Es una sacada de vuelta, evidentemente, porque lo que estamos discutiendo en la reforma política es la no reelección de nadie. Cualquier propuesta que se oponga a esto es una sacada de vuelta”, señaló. Para Quintanilla, el proyecto evidencia que los fujimoristas de provincias, especialmente, se resisten a aceptar su retiro del Parlamento.
“Esto va a ser un punto crucial en las decisiones políticas del fujimorismo. Ellos tienen una serie de intereses, de expectativas, que cuando se las cortan van a tener problemas para su continuidad y reelección política. Es un proyecto con nombre propio”, sostuvo.
Para el congresista de NP los fujimoristas están profundamente divididos en el tema de la no reelección. “Es el tema más complejo de los cuatro. El más difícil que lo aprueben. Para ellos, para el fujimorismo, es el más complicado. Es un tema que los va a confrontar, allí se van a dividir”, dijo.
La legisladora de Fuerza Popular basa su proyecto en que es indispensable que el Senado esté conformado por ciudadanos que cuenten con un perfil reflexivo […]. “Esto garantiza que los senadores sean personas de experiencia”, señala iniciativa.
María Melgarejo es natural de la provincia de Recuay, Ancash, de profesión abogada, egresada de la Universidad Alas Peruanas, la universidad de Fidel Ramírez, el tío de Joaquín Ramírez, el hombre que manejaba los dineros de Keiko Fujimori.
De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, se propone que el Congreso tenga dos cámaras: una de senadores y otra de diputados. El proyecto no altera el número de 130 parlamentarios. Hasta el momento, la Comisión de Constitución posterga el debate del proyecto que plantea la bicameralidad argumentando la falta de acuerdos sobre la distribución de diputados y senadores.
Por si fuera poco, la presidenta del grupo de trabajo y congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, evitó señalar si es que se iban a cumplir los plazos para aprobar los cuatro proyectos de ley de reforma constitucional antes de 4 de octubre. “No hay ninguna respuesta que darle”, declaró luego de que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pidiera que se respete el acuerdo de portavoces para que se cumpla el plazo y se sometan las cuatro reformas a referéndum.
Los congresistas Karina Beteta y Héctor Becerril criticaron la propuesta del Ejecutivo para establecer macro y micro regiones para la elección de senadores y diputados en un parlamento bicameral. Ambos cuestionaron que se haya establecido plazos para aprobar las cuatro reformas constitucionales cuando el Ejecutivo ha enviado proyectos que, en su opinión, están incompletos y requieren ser corregidos.