Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular pueden terminar hoy en la cárcel si así lo dictamina el juez Richard Concepción Carhuancho, encargado de resolver el pedido de 36 meses de prisión preventiva presentado por el fiscal Domingo Pérez Gómez contra la lideresa del fujimorismo por delito de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.
La acusación fiscal, inédita en nuestra historia política, señala que la lideresa de FP encargó a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya solicitar dinero a la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011. De este modo, Fuerza Popular recibió US$1’200.000. De ese monto, US$1 millón tendría procedencia ilícita.
Las transferencias bancarias de Odebrecht quedaron registradas en el servidor My Web Day y será uno de los argumentos que utilizará Pérez Gómez para sustentar los 36 meses de prisión preventiva. Los documentos fueron remitidos la semana pasada por la constructora a través de su representante legal.
El material consta de dos órdenes de pago, tres estados de cuenta y un correo electrónico y fueron incorporados en la acusación. De acuerdo a esos papeles, el 27 de abril del 2011, dos semanas después de la primera vuelta electoral, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, a través de su correo encriptado U0021@fox.com, envió un e-mail a Ubiraci Chaves Santos, responsable de confeccionar la planilla para el pago de sobornos de la compañía, cuya cuenta era u0046@fox.com.
LOS ASESORES
En el pedido de detención también están incluidas otras once personas que formarían parte de la organización criminal. Entre otros, Ana Herz de Vega y Pier Figari, consultores de Keiko Fujimori, acusados de ser también asesores de la organización criminal. De acuerdo a un testigo de la fiscalía, Figari, Herz y Adriana Tarazona dieron órdenes de ‘lavar’ dinero donado por empresarios que no querían aparecer en la lista de aportantes en la campaña.
El testigo protegido 2017- 55-3 afirmó que en una reunión se acordó que el dinero de las empresas sería "cubierto" a través de aportantes falsos para que así figure ante la ONPE. El mismo testigo protegido declaró que Vicente Silva Checa fue asesor de Keiko en esa campaña.
"Esta persona estuvo presa por ser el entorno de Vladimiro Montesinos, por eso es que nunca da la cara, pero lo ha visto en la oficina en que trabaja Keiko", anotó. Silva Checa estuvo 29 meses en prisión y otros 11 meses bajo arresto domiciliario por haber recibido US$2 millones de Montesinos a cambio de someter la línea editorial del extinto Cable Canal de Noticias al régimen de Alberto Fujimori.
Con respecto a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camere, el fiscal sostiene que fueron los encargados de captar y recibir dinero ilícito de Odebrecht, así como de otras empresas. Esta afirmación se basa en el testimonio de Jorge Barata, quien reconoció que les entregó dinero. De igual modo, Yoshiyama habría pedido al ex presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, que solicite US$ 200 mil adicionales a Odebrecht. Sobre Bedoya Camere, el fiscal Pérez dice que habría recurrido a sus familiares, amigos y socios para ocultar la procedencia del dinero ilícito.
Otra de las personas comprendidas en la investigación es Adriana Tarazona Martínez, que estaba a cargo de administrar y colocar el dinero ilícito que había captado la organización, aprovechando su cargo de tesorera alterna. De Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, se dice que intentó obstruir las investigaciones de la fiscalía al pedir a los testigos que cambien de versión para ocultar el origen ilícito del dinero.
Sobre Ytalo Ulises Pachas, el fiscal indica que se trata de un falso aportante de Fuerza Popular, pues no cuenta con la capacidad económica para realizar aportes. A Luis Alberto Mejía Lecca, actual tesorero y personero legal alterno de Fuerza Popular, se le imputa ser responsable de transportar y/o depositar los dineros de procedencia ilícita en las cuentas de Fuerza 2011. Y de Giancarlo Bertini Vivanco, se sospecha que sería el financista de la organización.
CHÁVARRY
Otro de los argumentos de la solicitud de detención es que durante el proceso de investigación la cúpula de Fuerza Popular intentó frustrar el proceso buscando la protección legal de magistrados, entre los que se cuentan el cuestionado juez supremo César Hinostroza y el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
De acuerdo a la declaración del colaborador eficaz N° 2017-55-7, hecha el 15 de octubre pasado, Keiko pidió a su bancada que respalde a Chávarry para que sea elegido como fiscal de la Nación. "Dentro del partido Fuerza Popular (FP) se comentaba que el fiscal Pérez Gómez es un fiscal complicado, intolerante, que es una persona que tiene odio al partido, que es de izquierda y que es digitado por IDL, Justicia Viva y la ONG Proética, entre otros comentarios adversos y peyorativos a dicho fiscal en clara alusión a las diligencias que realiza en sus investigaciones contra el partido político", indicó.
DENUNCIA Y AMENAZAS
Segundo Crisanto Pulache, uno de los testigos protegidos de la Fiscalía por el caso de presuntos aportes ‘fantasmas’ en la campaña presidencial en 2011, denunció que viene recibiendo amenazas de muerte por lo que solicitó que se le brinde seguridad para él y su familia. Reveló que vehículos con lunas polarizadas han rondado su vivienda ubicada en Nueva Cajamarca, en la Región San Martín.
