El Pleno del Congreso de la República aprobó la inhabilitación por 10 años de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de reconsiderar la primera votación en la que no se habían alcanzado los 68 votos requeridos. La decisión se concretó tras una segunda votación realizada el mismo día, en una jornada marcada por la celeridad parlamentaria.
Segunda votación
Inicialmente, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —que proponía inhabilitar a Espinoza por una década— obtuvo solo 63 votos a favor, 18 en contra y entre 4 y 6 abstenciones, quedándose por debajo del umbral constitucional. En ese momento, la acusación política quedó rechazada y el expediente pasó al archivo, conforme al artículo 100 de la Constitución y el reglamento del Parlamento.
Sin embargo, los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow presentaron pedidos de reconsideración, lo que permitió que el Pleno sometiera nuevamente la denuncia a votación. En la segunda ronda, el informe obtuvo los votos necesarios para su aprobación y el Congreso finalmente sancionó a Espinoza con la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.
En la primera votación las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País se pronunciaron a favor del informe sancionador. Sectores de Perú Libre y partidos de centro se dividieron entre votos en contra y abstenciones, lo que impidió la sanción. No obstante, tras la reconsideración, se reconfiguró el apoyo y la inhabilitación fue finalmente aprobada.
Motivos de la acusación
La denuncia señalaba a Espinoza por presunta infracción de la Constitución al supuestamente desacatar la Ley 32130, que devolvió a la Policía Nacional la conducción de las investigaciones preliminares. Esto se habría producido mediante la emisión del Reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del Delito”.
No obstante, documentos de la Fiscalía de la Nación indican que dicho reglamento no fue debatido ni votado por la Junta de Fiscales Supremos y que su aprobación correspondió a un acto de gestión del entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. Pese a ello, el Congreso consideró que Espinoza tenía responsabilidad política en el caso.
Además de la inhabilitación, el Pleno ya había aprobado con 63 votos a favor el levantamiento del fuero de la fiscal suprema, lo que permite que el Ministerio Público la investigue por presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica vinculados a la aplicación de la Ley 32130. De este modo, el Congreso dejó abierta también la vía penal.
Ofensiva parlamentaria
Durante su intervención ante el Pleno, Delia Espinoza sostuvo que la denuncia en su contra era arbitraria y respondía a las acusaciones que ella misma presentó contra parlamentarios por presuntos delitos. Afirmó que la ofensiva del Congreso constituía “un mensaje a la población y especialmente a los funcionarios”, señalando que se pretendía forzar la subordinación bajo la lógica de “o te doblegas o te sacamos”.
La magistrada aseguró que, incluso si era inhabilitada —como finalmente ocurrió—, planeaba continuar con su carrera y que “tarde o temprano” retornaría, al considerar que su trayectoria no era política y que la sanción buscaba truncarla por consignas, odio o venganza. También cuestionó que se mostrara mayor comodidad con un fiscal de la Nación interino que, según ella, habría prometido no actuar con rigor y limitarse a archivar casos.
Nuevo informe paralelo
Paralelamente al proceso principal, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un segundo informe final que proponía otra inhabilitación de 10 años, esta vez por la denuncia constitucional que Espinoza presentó contra 11 congresistas por la ley que permite que oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan recibir simultáneamente pensión y remuneración.
El documento, elaborado por el congresista Elvis Vergara Mendoza, le atribuía posibles infracciones a los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución, así como la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Tras la aprobación en la Subcomisión, el caso pasó a la Comisión Permanente, que debía decidir si elevaba nuevamente la acusación al Pleno. No obstante, con la reciente decisión de inhabilitarla, el escenario político quedó reconfigurado, consolidando la sanción más severa que el Congreso puede imponer.
Con la inhabilitación aprobada, la Fiscalía queda habilitada para continuar las investigaciones penales y determinar si hubo responsabilidad en la forma en que se ejecutó o interpretó la normativa cuestionada.
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