La Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió no declarar reo contumaz a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra asilada en la embajada de México en Lima. De esta manera, el tribunal descartó ordenar su inmediata ubicación y captura, así como archivar provisionalmente el juicio mientras no esté a disposición del Poder Judicial.
Los jueces supremos José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero argumentaron que, si se declarara la contumacia, “innecesariamente se pasaría a una incertidumbre cuya temporalidad es incalculable, perjudicando los fines de la justicia”, ya que el proceso entraría en una pausa indefinida mientras Chávez esté fuera de alcance judicial.
Señalaron, además, que la exfuncionaria mantuvo participación activa en las más de 60 sesiones del juicio oral, ejerció su derecho a la defensa y estuvo legalmente representada en las últimas audiencias, por lo que no existe afectación al derecho de defensa ni al debido proceso.
La sala invocó jurisprudencia, sosteniendo que no procede la contumacia “si la acusada estuvo informada de todas las actuaciones procesales y su defensa fue garantizada”. De igual forma, precisó que la ausencia registrada coincide con la recta final del proceso, advirtiendo indicios de actuación de mala fe para frustrar la culminación del juicio; sin embargo, consideró que existe base suficiente para continuar con la causa y sólo decidir su situación jurídica al momento de dictar la sentencia.
Asimismo, el tribunal declaró improcedente la renuncia del abogado Luis Barranzuela Vite, quien anunció su dimisión durante la audiencia tras conocer la decisión de Chávez de solicitar asilo político. Los magistrados recordaron que el abogado debe acompañar la defensa técnica hasta la culminación del procedimiento, y establecieron que, de no cumplir con esta obligación, se designará un defensor público.
En consecuencia, el juicio contra Betssy Chávez continuará su curso y será en la sentencia donde se determinará si incurrió en el delito de rebelión y se le impone la condena de hasta 25 años que exige la Fiscalía.
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