En una situación de crisis y emergencia en todos los niveles, el artículo 82 de la Ley General de Salud, faculta al presidente de la república, Francisco Sagasti, a disponer, en nombre del Estado, de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores públicos y privados existentes para luchar contra las epidemias. Sagasti no lo está haciendo.
Por esta razón, la candidata a la segunda vicepresidencia de Juntos por el Perú, Mila Ayay, y los candidatos al Congreso Lucía Alvites, Isabel Cortez y Sergio Tejada, presentaron una demanda de Proceso de Amparo, ante el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, contra el presidente de la república, Francisco Sagasti, y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, por la omisión de la aplicación del artículo 82 de la Ley General de Salud.
La demanda se sustenta en el hecho de que existe evidencia suficiente e informes oficiales que muestran la gravedad y complejidad de la situación que atraviesa el país por la COVID-19. Los informes sostienen que mientras no se logre alcanzar los niveles de inmunidad adecuados, el Perú seguirá afrontando una segunda ola epidémica, con un crecimiento acelerado de contagios y muertes que puede prolongarse todo este año.
Ante una situación de extrema gravedad, existe una ley que faculta al Ejecutivo a disponer de todos los recursos médicos asistenciales para hacer frente a la emergencia. En ese sentido, la omisión de la aplicación del artículo 82, además de representar indiferencia, falta de eficiencia y negligencia del Ejecutivo para enfrentar la crisis sanitaria, vulnera derechos fundamentales de todos los peruanos, como el derecho a la vida y el derecho a la salud.
El escenario de la pandemia se ha agravado por la escasez de oxígeno medicinal, que ha generado el incremento de precios y la desesperación de las personas por acceder a este recurso elemental.
"No podemos esperar más. Requerimos que se apliqué el artículo 82 de la Ley general de Salud. Miles de peruanas y peruanos han muerto por falta de oxígeno y camas hospitalarias, y por la inacción de nuestras autoridades, que tomando en cuenta la crisis que enfrentamos en 2020 por falta de oxígeno, pudieron implementar las medidas necesarias, que incluso los facultan a disponer de todos los recursos médicos en un caso de emergencia sanitaria como la actual", dijo Lucía Alvites, candidata al Congreso de la República por Juntos por el Perú con el número 16.
Señaló asimismo que sigue primando el lucro para acceder a la salud, y que las políticas públicas y mecanismos constitucionales de los cuales dispone el Estado, no han sido empleados. "Eso, en estas circunstancias en la que nos encontramos, es un crimen", manifestó.
Isabel Cortez, también candidata al Congreso de la República, subrayó que la salud es un derecho y que el Estado debe de garantizarlo por encima de los beneficios de las empresas. "En estos momentos debe anteponerse el derecho a la vida a cualquier otro derecho", afirmó.
Sergio Tejada, también candidato de Juntos por el Perú, advirtió que, de no tomarse ahora las medidas pertinentes, aplicando el artículo 82 de la Ley General de Salud, pueden morir miles de peruanos más. "Estamos en una emergencia que demanda dejar de lado cualquier interés particular para concentrarnos en salvar vidas y evitar más dolor usando todos los mecanismos, normas y recursos con los que contamos", expresó.
Actualmente la producción de oxígeno en el país es de 400 TM al día, la demanda es de 510 TM a diario, el déficit es de 110 TM. Con la intervención del Estado se puede, a través de una inversión de emergencia, triplicar la capacidad de producción de oxígeno de Southern Peru Copper Corporation (SCC) que ahora entrega a los hospitales 42 TM diarias. Asimismo, mejorando la planta de La Oroya se pueden producir 24 TM adicionales. Esto sumaría 150 toneladas de oxígeno al día que es más que el déficit de 110 TM que tenemos hoy.
