A pocas horas de la audiencia que verá la solicitud de prisión preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori y otros 11 investigados, planteada por el Ministerio Público, el jurista Luis Lamas Puccio sostuvo que los últimos testimonios de los colaboradores eficaces y documentos de la empresa Odebrecht complican aún más la situación de la lideresa de Fuerza Popular y su entorno.
"Ya de por sí la situación de la señora Keiko Fujimori y su entorno de Fuerza Popular es complicada pero con lo revelado por Odebrecht en el servidor My Web Day y lo corroborado por el último testigo protegido, se complica mucho más", indicó el jurista a PERFIL.
Hoy, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de Richard Concepción Carhuancho, debe analizar el pedido del fiscal José Domingo Pérez Gómez quien solicitó 36 meses de prisión preventiva para la excandidata presidencial por el irregular financiamiento de la campaña de 2011. Antes deberá absolver si admite o no el pedido de recusación presentado por la defensa de la lideresa de FP.
MY WEB DAY
A las declaraciones de colaboradores eficaces, testigos protegidos y los informes de gastos presentados a la ONPE, en las últimas horas Odebrecht envió a la Fiscalía documentos del servidor My Web Day en el que confirma el aporte de 518 mil 134,72 dólares a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. El fiscal Pérez incluyó esta información en el pedido de prisión preventiva.
Según documentos del 27 de abril del 2011, el representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, le dijo al responsable de la planilla para el pago de sobornos, Ubiraci Chaves Santos, que transfiera el monto a la cuenta de Construmaq, empresa de Gonzalo Monteverde.
Este dato coincide con lo que Barata declaró el pasado 28 de febrero cuando afirmó ante fiscales peruanos en Sao Paulo, Brasil, que se destinaron 500 mil dólares adicionales para la campaña de Fuerza 2011.
My Web Day también demostraría que la célebre frase "aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita", hallada en una de las agendas electrónicas de Marcelo Odebrecht, hacía referencia a una segunda entrega a Fuerza 2011, salida del Departamento de Operaciones Estructuradas que el 2 de mayo del 2011 transfirió dinero a la offshore panameña Select Engineering Consulting and Service.
Luis Lamas Puccio considera que esta nueva evidencia complica mucho más la situación de Keiko y su entorno. "No solamente son los testigos sino que además el fiscal ha presentado información sobre la página My Web Day; ahí aparece información sobre la manera y la forma como Barata ordena como distribuir el dinero a la señora Keiko. Estos son los elementos que están siendo aportados por la Fiscalía y no fueron presentados cuando se pidió la detención preliminar", añadió.
En la solicitud de detención preventiva del fiscal Pérez Gómez están incluidas otras 11 personas, entre ellas Pier Figari, Ana Herz, Vicente Silva Checa, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Adriana Tarazona, Ytalo Pachas Quiñones y Carmela Paucará. Según el fiscal, la organización blanqueó un millón 200 mil dólares que Odebrecht entregó para la campaña presidencial del 2011, así como otros fondos de aportantes locales.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Respecto a las nuevas declaraciones del testigo protegido TP 2017-55-3, en las que revela la línea de mando en Fuerza Popular, su acercamiento al juez César Hinostroza, la campaña organizada para atacar al fiscal José Domingo Pérez y el respaldo al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el jurista sostuvo que estas declaraciones están enmarcadas en los llamados elementos de convicción que son unas de las exigencias para una prisión preventiva.
"Las declaraciones de este testigo protegido fortalecen la teoría del fiscal sobre los elementos de convicción, que son hechos que vinculan de manera directa a la investigada, por la responsabilidad penal sobre el delito que está siendo objeto de investigación".
Sobre este mismo tema, el penalista Mario Amoretti se mostró crítico de la aplicación de la prisión preventiva, cuestionando las declaraciones que podría dar un colaborador eficaz. "En este país se hace mucho uso y abuso de la prisión preventiva; no basta la declaración de una persona; esta declaración tiene que ser corroborada y más aún si tiene la condición de testigo protegido. ¿Si un colaborador eficaz dijo que maté a una persona, por esa declaración voy a ir preso?" preguntó.
Asimismo, Amoretti reconoció la influencia del fujimorismo en el sistema de justicia, pero consideró que no es exclusividad de esa organización. "Desgraciadamente, tenemos de todos los partidos políticos; de alguna u otra manera hay vinculación con miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía; pero esto no es de ahora sino de toda la vida", añadió.
RECUSACIÓN
Antes de analizar la acusación fiscal, Richard Concepción Carhuancho deberá resolver si admite el pedido de recusación presentado en su contra por la defensa. Al respecto, Luis Lamas Puccio sostuvo que pese a que la situación se le ha complicado más a Keiko con los nuevos aportes del fiscal, la audiencia podría suspenderse si es que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resuelve admitir la recusación.
Giuliana Loza, la abogada de la lideresa de FP, dijo que está analizando su concurrencia y que Keiko no está obligada a ir, por tratarse de una audiencia de abogados. "Nosotros estamos analizando esa posibilidad (no asistir). No hemos dicho que no vayamos a ir. Hasta el momento no he sido notificada del requerimiento fiscal y ni siquiera conozco lo que el fiscal está requiriendo. No conocemos estos documentos, ¿qué voy a reclamar?", indicó.
Loza recomendó al juez Richard Concepción Carhuancho que se inhiba de ver el caso de su patrocinada luego de que la orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori fuera revocada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
Sobre la posible ausencia, el jurista Lamas Puccio añadió: "Si la señora Keiko no se presenta a la audiencia, evidentemente es una señal de que está tremendamente preocupada de lo que puede resolver el juez Carhuancho".
A SANTA MÓNICA
En caso prospere la solicitud de prisión preventiva hecha por el fiscal José Pérez, y una vez emitida la resolución, la lideresa de Fuerza Popular pasaría los 36 meses de encarcelamiento en el penal de Santa Mónica. "Estas diligencias se caracterizan porque en el momento que se emite la resolución se procede inmediatamente a detener a la persona y no será una detención policial a la Prefectura sino que la trasladarán al penal de Santa Mónica a las mujeres y a Piedras Gordas a los hombres", acotó.
CARLOS BRUCE
El congresista Carlos Bruce (PpK) manifestó que los documentos que dan cuenta de presuntos depósitos por más de US$500 mil para la campaña de Fuerza 2011, respaldan las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.
"Ya aparecieron los documentos que sustentan estas operaciones financieras cosa que antes no había. Antes había solo el dicho del señor Barata", comentó.
"Además, era el dicho de una persona que no tenía por qué mentir, porque a él no le conviene ni a favor ni en contra si es que se sabe que aportaron un millón de dólares a la campaña de la señora Keiko Fujimori. No tiene razón para mentirnos", indicó.