El presidente de la república, Pedro Castillo, tuvo una reunión, este martes 28, con una comisión de Nuevo Perú compuesta por la lideresa Verónika Mendoza, la exministra de la mujer Aída García-Naranjo y la congresista Ruth Luque, en la que realizaron un balance de los dos meses de gestión recién cumplidos, conversaron sobre el reciente anuncio de la renegociación de los contratos de Camisea y se trataron cinco cambios de fondo urgentes.
El primero de los cambios que planteó Verónika fue la reforma tributaria, “para recaudar más y mejor”, y poder así invertir en sectores estratégicos como salud y educación. El segundo fue la nacionalización del gas, pedido que se condice con el deseo reciente del Gobierno de renegociar los contratos del gas de Camisea, para masificar su distribución. Verónika hizo énfasis en que por nacionalización no se refiere a expropiación, sino a “poner los recursos al servicio del desarrollo nacional y de las familias del Perú”.
Su propuesta para llevar a cabo dicho proyecto es la creación de una Autoridad Nacional de Masificación del Gas, el relanzamiento del Gasoducto del Sur y la renegociación de los contratos. “Hay que renegociar (…) para asegurar que ese gas se destine, en prioridad, al mercado interno y que se mejore el precio de venta de exportación de nuestro gas para tener mejores regalías; esto, como ha dicho el presidente de la república, en el marco del Estado de Derecho”, expresó.
El tercer cambio fue la llamada segunda reforma agraria, que según Verónika se lanzará oficialmente el fin de semana. El cuarto cambio propuesto fue la reforma laboral con y para los trabajadores; en la misma línea de la reciente eliminación de la suspensión perfecta de labores. Y el último cambio urgente fue el de “reconocer el trabajo de cuidado de las mujeres e impulsar su autonomía económica como una manera de prevenir la violencia”.
Al término de la reunión, que duró cerca de dos horas durante la mañana, la lideresa de Nuevo Perú agregó que es importante que se convoque a todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales del país a la discusión responsable de los urgentes cambios de fondo que propuso.
La visita y el mensaje de Verónika se alinean a las últimas declaraciones del presidente Castillo, quien el domingo 26 de septiembre llamó a la articulación entre el Estado y el sector privado para llevar a cabo las renegociaciones con Pluspetrol con respecto al gas de Camisea.
Castillo anunció que su Gobierno está “comprometido con llevar gas barato a todos los peruanos”, a través de Twitter, y utilizó dicho medio para enviar un mensaje de cooperación entre el Estado y la empresa privada. El anuncio fue una respuesta a la advertencia que realizó horas antes el premier Guido Bellido de nacionalizar el gas de Camisea en caso de que la compañía explotadora de los yacimientos no renegocie el reparto de utilidades con el Estado peruano.
“Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales”, señaló Castillo, y añadió que para lograr dicho objetivo se necesita de la cooperación Estado y el sector privado. “El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor”, remarcó Castillo zanjando así cualquier burdo intento autoritario.
Bellido y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, llevaron un oficio a las oficinas de Pluspetrol en el que invitaba a la empresa a “una reunión para iniciar un nuevo pacto que implique el proceso de renegociación de los proyectos sobre el gas de Camisea”. El documento firmado únicamente por Bellido indicaba que la reunión habría de realizarse el miércoles 6 de octubre a las 4 de la tarde.
En ese mismo camino, el premier llamó a reunión de trabajo y coordinación a todos los ministros para el lunes a las 8 de la noche. El objetivo de dicho diálogo que duró más de hora y media fue discutir temas de coyuntura, y entre ellos el asunto urgente de la renegociación con Pluspetrol.
Al retirarse de la reunión, Walter Ayala, ministro de Defensa, recalcó que las coordinaciones con respecto a la renegociación con Pluspetrol se están dando dentro del marco constitucional, sin contemplar ningún tipo de expropiación. Aseguró, además, con respecto al tuit de Bellido, que “son opiniones que él ha dado, pero quien dirige la política de Estado es el presidente de la República”.
El tuit de Bellido le pareció una irresponsabilidad a gran parte de la ciudadanía y, como era de esperarse, remeció todos los noticieros y encrespó opinólogos que inmediatamente relacionaron su anuncio de nacionalización como una amenaza de expropiación. Apareció de nuevo el cuco de Venezuela por varias páginas de diarios y programas televisivos.
Se ha vuelto a respirar inestabilidad política y económica a raíz de dichas declaraciones y la tergiversación por parte de un sector de ciudadanos cuando, en realidad, el pedido de renegociación del gas de Camisea es legítimo y reconocido por gran parte de los frentes políticos peruanos.
La medida de renegociar los contratos de gas para que el Estado reciba mayor cantidad de utilidades y que el gas llegue a más peruanos ha sido recogido por políticos diversos.
Keiko Fujimori, por ejemplo, cuyos seguidores han tildado de chivistas expropiadores al Gobierno por el anuncio de renegociación, dijo que se deben revisar las cláusulas de los contratos de Camisea. “(Queremos) poder investigar y renegociar los contratos del gas de Camisea. Sabemos hoy que las regalías que recibe el Perú son mínimas. Queremos saber qué contrato firmó Pedro Pablo Kuczynski”, señaló.
Hernando de Soto dijo también estar de acuerdo en su momento. “Se puede cambiar cualquier aspecto monopólico que no le permite al Estado modificar la situación del gas”, dijo el excandidato presidencial. En esta línea también se encuentran César Acuña, Alfredo Barnechea y mucho otros políticos que bien podrían considerarse oposición ahora.
Hasta congresistas actuales coinciden en la necesidad de revisar los contratos y verificar los contenidos para beneficiar a más peruanos, entre ellos, Renovación Popular, Podemos Perú, Somos Perú, entre otros. Todo indica que el momento de masificar el gas a través de la cooperación Estado – sector privado ha llegado.
