Desde las primeras horas de la tarde del 12 de octubre, el presidente Martín Vizcarra tiene en su poder la ley-farsa que se está haciendo pasar como si fuera una norma de arresto domiciliario a favor de Alberto Fujimori y sus cómplices que armaron y dirigieron a los integrantes del comando de aniquilamiento Colina. Según el jurista Guillermo Olivera Díaz, especializado en el campo penal, no es una ley de arresto domiciliario para Fujimori y sus cómplices. Es peor.
Se trata de una ley de impunidad que permitirá que Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y los integrantes del Comando Colina salgan de la cárcel y puedan pasearse libremente por una provincia, ir a otras provincias del país, sin permiso de nadie e incluso salir del país al extranjero, por razones médicas, solo con el permiso de un juez.
Para que el reo Fujimori, dijo Olivera Díaz, vaya de una provincia a otra del Perú solo tiene que comunicar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 48 horas antes de su viaje, sin explicación de causa.
OBSERVACIÓN
El presidente Vizcarra tiene el deber de observar esta norma evidentemente inconstitucional e ilegal, pero ni esta observación podrá frenar a la ley porque el fujimorismo, que está con sangre en el ojo desde que Keiko Fujimori está en la cárcel, la promulgará en el acto y al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano estará vigente.
Fujimori y los otros, solo con una solicitud al jefe del INPE, podrán pedir su liberación que deberá ejecutarse en cinco días naturales.
Olivera Díaz dijo al diario PERFIL que se puede recurrir al Tribunal Constitucional para que se traiga abajo la norma e incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero todos estos recursos legales toman su tiempo y nadie puede evitar que los presos salgan. “Estamos en una situación realmente alarmante”, sostuvo.
Reiteró que no es una norma de arresto domiciliario porque la pena puede ser cumplida dentro de una provincia: la que elija el reo, salir de ella al resto del país entero, por el plazo que él fije, a su deseo, solo avisando al INPE 48 horas antes.
“Incluso puede el reo viajar al extranjero por razones médicas, a cualquier país (Japón, USA, Alemania, etc.), con autorización del juez, por el plazo que señale el interesado. Nada tiene que ver el hecho que no haya pagado nada de la reparación civil, pues las víctimas no interesan a esta ley”, indicó.
“Es una burda excarcelación sin cumplir la pena, para Alberto Fujimori, porque tiene más de 78 años de edad y ya ha cumplido más de un tercio de la pena. Fujimori solo tiene que acreditar su edad y nada más. Por eso y por el trámite dado es una ley con nombre propio”, sostuvo.
“Para los reos varones de esta edad: 78 años o más, no tienen que probar ningún estado de salud. Solo tener esta edad es el único requisito y ninguno más. Valga la perogrullada. El solo jefe del INPE resolverá la excarcelación a los 5 días del pedido. No interviene ningún fiscal ni juez”, sostuvo.
Olivera Díaz dijo que solo una ciudadanía alerta y movilizada puede frenar a los fujimoristas que quieran promulgar la norma observada por el presidente Vizcarra.
