Meta fue condenada en Estados Unidos por violar la legislación de protección al consumidor de Nuevo México y deberá abonar 375 millones de dólares como sanción civil, según determinó un tribunal estatal.
La resolución judicial, emitida tras seis semanas de juicio en Santa Fe, concluyó que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad en sus plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, permitiendo que menores de edad estuvieran expuestos a adultos con fines delictivos.
La denuncia, presentada por la fiscalía del estado, acusó a la compañía de haber minimizado riesgos conocidos para menores y de no implementar medidas eficaces para protegerlos del acceso de depredadores.
Fallo judicial histórico en Nuevo México
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, calificó la sentencia como “una victoria histórica para todos los niños y familias que han pagado el precio de la decisión de Meta de anteponer los beneficios a la seguridad de los niños”.
Durante el proceso, la acusación presentó como pruebas aproximadamente 40 testimonios, cientos de documentos internos y correos electrónicos, que revelaban advertencias previas sobre posibles consecuencias negativas para adolescentes y niños.
Linda Singer, abogada del estado, manifestó durante los alegatos finales que los algoritmos de las plataformas amplificaban la exposición de adolescentes a desconocidos potencialmente peligrosos, mientras la empresa evitaba difundir información interna sobre estos riesgos.
La sentencia exigió una compensación mucho menor a los más de 2.000 millones de dólares reclamados originalmente por las autoridades estatales; sin embargo, fue señalada como un precedente relevante en el litigio contra grandes tecnológicas.
El veredicto se produce mientras aumentan las demandas en diversas jurisdicciones, que cuestionan el rol de los servicios digitales en la seguridad y salud mental de usuarios menores de edad.
Defensa de Meta y reacciones posteriores
Un vocero de Meta afirmó, tras conocerse la condena, que la empresa no estaba de acuerdo con la decisión judicial y confirmó la decisión de apelar. “Con el debido respeto, no estamos de acuerdo con el veredicto y lo apelaremos”, indicó.
La compañía defendió la existencia de “amplias herramientas de seguridad” para usuarios jóvenes y explicó que trabaja constantemente en la detección y eliminación de contenido dañino y actores maliciosos dentro de sus servicios.
Meta sostuvo, además, que las pruebas expuestas en el tribunal no demostraban que hubiera “mentido al público a sabiendas e intencionadamente” y ratificó su compromiso con la mejora continua en la protección de sus usuarios.
De forma paralela, en California, un segundo jurado analiza actualmente la responsabilidad legal de Meta y YouTube por supuestos daños originados por contenidos adictivos orientados a menores, proceso que podría impactar futuros litigios en todo el país.
Expertos legales señalaron que este tipo de fallos pueden incrementar la presión sobre las compañías tecnológicas para reforzar sus sistemas de moderación, algoritmos y mecanismos de salvaguarda, especialmente para la protección de usuarios vulnerables.
Meta enfrenta mayores niveles de escrutinio por parte de autoridades regulatorias, legislativas, familias y organizaciones, mientras continúa la disputa judicial sobre sus políticas de seguridad para menores en el ecosistema digital.
También lee
