La tasa de pobreza monetaria en Perú cayó de 27,6% a 25,7% en 2025, lo que representa que alrededor de 567.000 personas salieron de esa condición, según LaRepública.pe. El dato alivia levemente las estadísticas, pero no borra la magnitud del problema: más de 8,8 millones de peruanos continúan en situación de pobreza y el país acumula 2,3 millones más de pobres que en 2019, antes de la pandemia. La recuperación existe; es insuficiente.
El margen discrecional de los hogares, bajo presión constante
Brenda Grilli, estratega de contenido y especialista en marketing digital con seguimiento profesional del mercado de entretenimiento digital en mercados de habla hispana, pone el foco en un ángulo que las cifras macroeconómicas suelen omitir: cuánto le queda a un hogar peruano promedio para gastar en algo que no sea alimentación, salud o educación.
La respuesta que arrojan los datos es incómoda. El 32,8% de la población peruana se encuentra en condición de vulnerabilidad económica, apenas por encima de la línea de pobreza, un colchón tan delgado que cualquier imprevisto puede perforarlo. Además, el 89,1% de quienes ya están en situación de pobreza trabaja en condiciones informales, sin estabilidad laboral ni acceso real a mecanismos de protección económica. Para esos hogares, cada sol de gasto discrecional implica una decisión sopesada.
En ese contexto, Grilli observa que el ocio digital apostado sobre fútbol es una de las categorías que compiten directamente por ese margen mínimo. Señala que consultar las selecciones futbolísticas de Apuestas.Guru puede formar parte del entretenimiento de un aficionado, pero advierte que ese gasto debe quedar acotado a un monto fijo y claramente separado de los recursos destinados a necesidades básicas.
“Cuando el presupuesto familiar no tiene holgura, cualquier categoría de ocio digital —incluyendo las apuestas deportivas— debe tratarse como un gasto conscientemente limitado, no como una salida económica.”
Cabe recordar que las apuestas deportivas están dirigidas exclusivamente a mayores de 18 años y pueden generar dependencia. Quienes consideren participar en ellas deben hacerlo con responsabilidad y dentro de límites estrictamente personales.
Brechas regionales que los promedios nacionales ocultan
La cifra nacional de 25,7% promedia realidades muy distintas. Cajamarca y Loreto registran niveles de pobreza superiores al 40%; Puno y Pasco superan el 36%. En el extremo opuesto, regiones como Ica y Moquegua presentan niveles considerablemente menores, lo que evidencia que la pobreza en Perú no es un fenómeno homogéneo sino profundamente territorial.
El campo concentra la mayor parte de la precariedad. La pobreza rural cayó de 39,3% a 35,5%, una reducción real pero insuficiente para cambiar la condición estructural de esas comunidades. Más de un tercio de la población rural permanece en situación de pobreza, con mayor incidencia de pobreza extrema y limitaciones persistentes en el acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad. La bajada porcentual no equivale a una transformación de fondo.
La informalidad como barrera que el empleo por sí solo no derriba
Que el 89,1% de los pobres trabaje en condiciones informales no es solo un dato estadístico. Es la descripción de una vulnerabilidad estructural: ausencia de protección previsional, imposibilidad de acceder a licencias por enfermedad, y ninguna red formal que amortigüe el impacto de una crisis imprevista.
La pandemia demostró con crudeza ese mecanismo. Una enfermedad grave, la pérdida del empleo o el cierre de un pequeño negocio pueden hacer retroceder a una familia, en pocos meses, todo lo que tardó años en construir. Sin cobertura de salud formal ni ahorro previsional, la caída es vertical. Eso explica por qué la cantidad de empleos generados importa menos de lo que suele reconocerse en el debate público: la calidad de esos empleos, su formalidad y la protección que ofrecen, determinan si el crecimiento económico se traduce en bienestar duradero o en una estabilidad frágil.
Abordar ese déficit exige políticas específicas para las micro y pequeñas empresas, que son las que concentran la mayor parte del empleo informal en el país. Sin intervención sostenida en ese segmento, la reducción de la pobreza seguirá siendo reversible.
Anemia infantil y becas bajo presión presupuestal
Los efectos de la pobreza no se limitan al presente. El 43,7% de los niños de 6 a 35 meses presenta anemia en Perú, según la Endes 2024 citada por LaRepública.pe. La anemia en esa etapa implica menores capacidades de aprendizaje y limitaciones cognitivas con consecuencias directas sobre la productividad futura. Un país que no resuelve la nutrición de su primera infancia acumula una deuda de capital humano que tarda décadas en saldarse.
En ese mismo flanco, programas como Beca 18 y Beca Bicentenario, orientados a ampliar las oportunidades educativas de jóvenes de bajos recursos, enfrentan restricciones presupuestales. La combinación de anemia sin tratar en la infancia y becas recortadas en la juventud dibuja una trayectoria de movilidad social obstruida desde los primeros años de vida. A casi quince años de la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el análisis señala la necesidad de evaluar con mayor profundidad el alcance y la sostenibilidad de las políticas implementadas.
El crecimiento macroeconómico es condición necesaria para reducir la pobreza, pero los datos de 2025 confirman que no es suficiente mientras la precariedad laboral sea la norma y los servicios públicos no lleguen con calidad a quienes más los necesitan. Los 8,8 millones de peruanos que aún viven en pobreza no son un residuo estadístico de una recuperación en marcha: son el indicador más concreto de lo que falta por hacer.
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