El paro nacional de transportistas de Lima y Callao de este 4 de noviembre paralizó amplios sectores del servicio público y evidenció la creciente inseguridad que afrontan los trabajadores del transporte urbano frente al avance del crimen organizado.
La medida fue convocada en respuesta a la ola de asesinatos y extorsiones que, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), ha dejado 28 víctimas solo en los primeros 15 días del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí el pasado 22 de octubre.
Protestas en distintos puntos de la capital
Desde la madrugada, se registró un apagado de motores en los distritos de El Agustino, San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Lima Norte. En avenidas estratégicas como Túpac Amaru, Panamericana Norte y Próceres de la Independencia, decenas de buses permanecieron estacionados portando carteles con consignas que exigían justicia para los choferes asesinados.
En algunos sectores, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP), que buscaba mantener habilitadas las vías principales y garantizar el funcionamiento del Corredor Morado y Azul.
En Carabayllo, supuestos manifestantes quemaron llantas en el kilómetro 24 de la avenida Túpac Amaru, ocasionando gran congestión vehicular. De igual modo, en el óvalo Izaguirre, en Los Olivos, unidades de las empresas ETUPSA 73 y Lipetsa bloquearon los accesos hacia el sur. Mientras tanto, en Puente Nuevo y Acho, cientos de usuarios permanecieron varados por la baja frecuencia de buses formales y el alza de tarifas impuesta por el transporte informal.
Gremios divididos y reclamos por seguridad
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), confirmó que la movilización busca llamar la atención del Gobierno ante la falta de resultados de las medidas de seguridad implementadas.
Ojeda denunció que los ataques contra conductores “siguen sin control” pese al estado de emergencia y encabezó la caravana principal que partió desde el Rímac hacia el centro de Lima, acompañado por representantes de compañías como La 50, Los Chinos, El Rápido, Nueva América y la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP).
Por su parte, Miguel Palomino, presidente de la ANCPP, afirmó que el paro alcanzó una adhesión superior al 80% de las empresas formales. “Es un éxito. El Gobierno aún no instala una mesa de trabajo ni atiende el pliego de reclamos”, indicó. En sus declaraciones, pidió revisar las leyes que —según expresó— “favorecen a la criminalidad”. El dirigente exigió además que se implementen pensiones y becas para las familias de transportistas asesinados.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja Fonseca, declaró que el 95% de las empresas afiliadas a su institución no acataron el paro. Consideró que detener los servicios no soluciona el problema de fondo y reiteró la necesidad de mantener canales de diálogo con el Ejecutivo. “Entendemos el dolor, pero paralizar la ciudad no resolverá nada. Necesitamos coordinación real”, sostuvo.
Jerí en Acho
Por su parte, el presidente José Jerí se trasladó al puente de Acho junto al primer ministro Ernesto Álvarez, el general Óscar Arriola y el alcalde del Rímac Néstor de la Rosa, para supervisar el despliegue policial y militar en los principales puntos de protesta.
El mandatario inspeccionó el funcionamiento del Módulo Itinerante de Seguridad (MIS), desde donde coordinó con la PNP acciones para liberar vías. Tras el encuentro, se acordó una nueva reunión con los gremios para evaluar medidas adicionales.
El general Arriola reiteró que la Policía garantizará la seguridad durante la jornada. En declaraciones a la prensa, aclaró que la mayoría de asociaciones retiraron su participación tras conversaciones con los ministerios del Interior y Transportes.
“Han manifestado expresamente que muchos de ellos no van a parar”, afirmó. Sin embargo, los choferes agrupados en Transportistas Unidos ratificaron su desconfianza ante la falta de protección efectiva, mientras ciudadanos reclamaban mayor control ante los cobros extorsivos.
Impacto en servicios
Ante la dificultad de desplazamiento, el Ministerio de Educación (Minedu) modificó su disposición inicial durante la madrugada y ordenó que todas las clases escolares se desarrollaran de manera virtual.
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que tanto colegios públicos como privados debían priorizar la seguridad de sus estudiantes. Asimismo, instituciones universitarias como el Instituto Zegel dispusieron la suspensión de clases presenciales.
El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que sus hospitales operaron con normalidad, aunque permitió la reprogramación de citas médicas para quienes no lograron llegar debido al paro. En paralelo, EsSalud implementó líneas adicionales para reagendar atenciones.
El paro nacional ocurre tras una serie de homicidios recientes que agravaron el clima de inseguridad. Los asesinatos de los conductores José Johnny Esqueche Ningles y Walter Leoncio Sandoval Castro, ocurridos en Ventanilla y San Martín de Porres, precipitaron la convocatoria. En la víspera del paro, un bus de la empresa ETUL4SA fue atacado a balazos en Chorrillos.
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