El 2018 fue un año de caos político en Perú: escándalos de corrupción que involucraban distintos poderes del Estado y la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski distrajeron y frenaron el país en diversos escenarios.
Este año no se aprobó ninguna ley protectora de derechos de la población LGBTIQ en el Congreso de la República. Una de las pocas buenas noticias fue que hubo audiencias públicas sobre el proyecto de ley de Identidad de Género.
La población trans femenina fue la principal víctima de violencias en 2018. Según el informe ‘Quién dijo qué por las mujeres trans nadie llora’, de enero a noviembre se han registrado 71 casos de vulneraciones de derechos de personas trans femeninas en Perú. El informe fue realizado por ‘Trans: organización feminista por los derechos humanos de las personas trans”.
Por qué no se denuncian los casos
“No todos los casos han sido denunciados ante una comisaría ni conllevaron un proceso judicial. La mayoría han sido contado como anécdotas en las redes sociales. No se denuncia porque los espacios destinados para denunciar son muy violentos y hostiles“, indicó para Agencia Presentes Miluzska Luziños, activista de la organización que hizo el relevamiento.
A los 9 días de empezar el 2018, una mujer trans fue golpeada salvajemente en el distrito de Casa Grande, en la provincia de Ascope, región La Libertad. La mujer identificada como Pilar, sufrió fuertes golpes por un sujeto desconocido que la tumbó al piso hasta masacrarla. Sus vecinos avisaron a la policía. El caso no fue judicializado.
El 5 de marzo una mujer trans fue violentada en el distrito de Los Olivos. Colunche Sosa J recibió cortes en el rostro y en el labio. El agresor fue detenido en la comisaría Sol de Oro pero después quedó en libertad.
En noviembre, Gris Génesis del Castillo fue atacada con un fierro en Yurimaguas, en la región San Martín. Además de ser agredida por transodio, la víctima fue criminalizada por vivir con vih.
El 7 de diciembre la activista Yefri Peña Tuanama fue atacada en el distrito de Ate Vitarte por Gino Santana Soller. “Vas a morir maricón” fueron las palabras que Yefri escuchó antes de que sentir el impacto de una piedra en su cabeza que le dejó cuatro puntos. La agresión de Gino Santana Soller se denunció en la comisaría de Ate Vitarte.
Al menos cuatro transfemicidios y cero Justicia
Durante 2018 y según el mismo informe, se registraron al menos cuatro asesinatos a personas trans femeninas.
Miluzska Luziños indicó que las investigaciones de todos estos casos se encuentran detenidas. Ninguna obtuvo Justicia hasta el momento.
Misheel Ruidias fue asesinada de un disparo en la cabeza. Había llegado a Lima desde España para visitar a su familia. El 12 de febrero fue a una fiesta en la urbanización Manuel en donde, según testigxs, se produjo un altercado y Freilor Basilio Antonio le disparó.
El 3 de noviembre Brenda Zarit Sifuentes Andrade, de 36 años de edad fue asesinada. La degollaron en su casa, también en el distrito de La Esperanza. Su cuerpo recibió varias puñaladas. Se descarta que el móvil haya sido un robo.
El viernes 16 de noviembre, la estilista Karla López Laureano, de 37 años fue estrangulada en su habitación con un cable de luz. El principal sospechoso es Luis López, venezolano, quien se encuentra como no habido. Karla fue enterrada con su nombre social pese a que en Perú no existe aún una ley identidad de género.
Enfoque de género contra los antiderechos
A nivel general, en el ámbito gubernamental “no se ha avanzado mucho con una agenda específica”, analiza la activista Alexandra Hernández Muro, de Más Igualdad Perú.
Sin embargo, considera que en temas de educación, “se ha logrado que el gobierno tenga un compromiso con el enfoque de género, la base para que sensibilice sobre los derechos LGBTIQ”.
La activista considera que esa iniciativa se ha enfrentado con los sectores antiderechos. “Se ha evidenciado que el movimiento conservador, encabezado por quienes se convocan alrededor de Con Mis Hijos No Te Metas, ha puesto en ejecución una maquinaria para dar la contraparte a nivel legal y también en materia educativa, intentando dar charlas en colegios del Estado”.
Desde su opinión, si el Estado no destina un presupuesto, no se logrará una aplicación real del enfoque de derechos. “Creo que hemos mejorado pero hay un gran estancamiento en temas de sensibilización de operarios de educación, justicia y salud”, afirmó.
Esteban Marchand para Presentes