Al menos 29 personas han sido detenidas y seis agentes de Carabineros han resultado heridos en el marco de una manifestación no autorizada que congregó a unas 2.500 personas en el centro de Santiago de Chile para conmemorar el séptimo aniversario del inicio del denominado ‘estallido social’, una ola de protestas y movilizaciones ciudadanas masivas que comenzaron en octubre de 2019, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Según ha informado el general inspector de Carabineros, Manuel Cifuentes, en declaraciones recogidas por el diario chileno ‘La Tercera’, el operativo policial se desplegó con carácter preventivo a partir de las 10.00 horas (hora local) en la explanada de la Plaza Baquedano.
La movilización fue convocada por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, la Plataforma Anticapitalista Vereda Sur y la Asamblea Popular Antifascista, sin contar con la autorización de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. La consigna de los asistentes era “reivindicar demandas sociales, económicas, políticas y culturales que dieron origen a las protestas de hace siete años”.
Los disturbios estallaron posteriormente cuando grupos de individuos encapuchados comenzaron a atacar a los efectivos policiales con objetos contundentes y cócteles molotov. La institución policial ha detallado que entre los 29 arrestados figura una persona por porte y lanzamiento de un artefacto incendiario contra los agentes, otra por robo con violencia en un local comercial y una tercera acusada de vandalizar cámaras de seguridad públicas ubicadas en la Alameda.
Respecto al balance de lesionados, el ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, ha cifrado en seis los policías heridos durante los altercados, algunos de los cuales han sufrido lesiones oculares, según ha precisado Carabineros.
La jornada de violencia ha provocado la condena frontal del Ejecutivo chileno. Arrau ha cargado en redes contra “los mismos violentistas, encapuchados y delincuentes de siempre” que, a su juicio, vuelven a las calles a destruir mobiliario público y privado para “rendirle culto al octubrismo y a la violencia”. “Mientras unos insisten en celebrar la destrucción, las familias chilenas sólo quieren vivir en paz, con orden, seguridad y progreso”, ha aseverado, advirtiendo que no permitirán que “unos pocos vuelvan a sembrar el caos” y reclamando que los detenidos respondan por sus delitos ante la Justicia.
En esta misma línea se ha expresado el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien ha recalcado la postura del Gobierno. “Siempre vamos a cuestionar la violencia, vamos a defender la democracia y el Estado de Derecho”, ha sentenciado.
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