El Gobierno de Colombia ha puesto en marcha una reorganización de las fuerzas de seguridad, de modo que la antigua Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) impulsada durante el mandato del expresidente Gustavo Petro cambiará de nombre e incluirá un escuadrón antidisturbios para intervenir en las manifestaciones.
Así lo recoge una resolución firmada este martes por el director general de la Policía Nacional, el general Jesús Barrera Peña, y de la que se ha hecho eco la prensa colombiana.
El documento, de ocho páginas, establece una nueva estructura orgánica, distribuye las funciones de sus ditintos organismos y fija un periodo de 90 días para culminar los trámites administrativos necesarios antes de efectuar los cambios, indica el diario ‘El Tiempo’.
En lugar de la UNDMO, se establecerá la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI), que, a su vez, integrará los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), recuperando así las siglas empleadas antes de los cambios implementados por el ejecutivo de Petro (2022-2026).
La UNADI quedará subordinada a la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía e intervendrá cuando las capacidades de las instituciones resulten insuficientes o puedan verse desbordadas. Además, constará de ocho unidades regionales de las que dependarán los 30 Escuadrones Móviles Antidisturbios, incluidos cinco de estos que se concentrarán en la capital, Bogotá.
Los cambios van más alla de un término –la Policía redefine su organización y establece una cadena de mando– y refleja un cambio de orientación en la forma en la que el actual Gobierno quiere responder a los desórdenes públicos, en lo que la oposición y distintos sectores de la sociedad civil ven como un intento de reprimir las libertades y el derecho a la protesta.
Decenas de miles personas salieron este miércoles a las calles de las principales ciudades de Colombia para reclamar mejoras en las condiciones laborales y el sistema educativo, entre otras, siendo el primer paro nacional contra el Gobierno de De la Espriella.
Las marchas, convocadas por sindicatos, organizaciones estudiantiles, la oposición y sectores de la sociedad civil, coincidieron con el decreto aprobado un día antes que “define el nuevo protocolo de actuación de las autoridades en el marco de manifestaciones públicas” y que “regula el uso de la fuerza legítima del Estado para proteger a la ciudadanía y garantizar el derecho a la protesta pacífica”.
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