La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha condenado este martes al último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a ocho años de penas alternativas a la cárcel por su responsabilidad en cerca de 21.400 casos de secuestros.
El juez Camilo Suárez Aldana, ponente de la sentencia, ha explicado que los siete miembros del exsecretariado de las FARC --entre quienes está su líder, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'-- deben enfrentarse a la "máxima sanción imponible de este modelo de justicia, (que) es de ocho años de sanción propia".
Suárez ha indicado que esta sanción ha sido impuesta "atendiendo su reconocimiento de responsabilidad, su aporte de verdad exhaustivo y detallado para develar patrones y políticas, pero teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la máxima responsabilidad que ostentaban en esa organización".
Además de a Londoño, las penas alternativas se aplicarán a Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, en calidad de autores por los crímenes de guerra de la toma de rehenes y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas.
"También son responsables por mando por los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado; y por los crímenes de lesa humanidad de tortura, esclavitud y otros actos inhumanos, cometidos por las unidades bajo su mando", ha informado la JEP.
El tribunal de la paz concluyó que "los máximos responsables no hicieron lo suficiente, u omitieron ejercer su poder, para controlar a sus hombres y evitar que las personas secuestradas fueran sometidas a vejámenes y malos tratos que derivaron en otros crímenes no amnistiables, como desaparición forzada, tortura y violencia sexual, entre otros".
Por estos crímenes, los siete condenados tendrán que trabajar durante ocho años "en cuatro líneas de proyectos restaurativos: búsqueda de personas dadas por desaparecidas, acción integral contra minas antipersona, medio ambiente, naturaleza y territorio, y memoria y reparación simbólica".
Mientras cumplen las penas alternativas, estarán sujetos a un régimen de seguimiento permanente de la JEP, llevarán un dispositivo electrónico que permitirá verificar en tiempo real su ubicación y actividades, deberán permanecer en un espacio geográfico determinado --que no implica la cárcel-- y tienen que cumplir con horarios y tareas específicas derivadas de la sanción impuesta.
El presidente de la JEP, el juez Alejandro Ramelli, ha considerado que "la sentencia de hoy es un hito" y ha remarcado que "nunca antes había ocurrido en Colombia que los máximos responsables reconociera públicamente sus crímenes ante la justicia y las víctimas".
A principios de julio, el último secretariado de las FARC reconoció ante la JEP el reclutamiento forzoso de más de 18.000 menores durante el conflicto armado en el país latinoamericano. "Fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social", manifestaron entonces.
