El Gobierno de Ecuador se negó este miércoles a derogar el estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país, tal como solicitó el movimiento indígena para poner fin a las protestas con bloqueos de rutas que desde hace 10 días paralizan el país, y denunció que 18 policías están "desaparecidos" tras un ataque en la Amazonia ecuatoriana.
"No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir", dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
El funcionario se refirió así al paro convocado hace tres años por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en el que entre 8 y 11 manifestantes murieron, más de 1.500 resultaron heridos y 1.330 fueron detenidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, condicionó el martes el diálogo con el Gobierno a la derogación del estado de excepción y la "desmilitarización" de un parque de Quito donde tradicionalmente se concentran los indígenas cuando protestan en la capital, y que está actualmente bajo control de uniformados.
La Conaie, que movilizó al menos a 10.000 indígenas a Quito, cientos de los cuales chocaron violentamente con la policía en los últimos días, pide principalmente la reducción de los precios de los combustibles.
Un total de 18 agentes se hallan "desaparecidos" tras un ataque de indígenas contra instalaciones policiales ocurrido ayer en Puyo, en la Amazonia ecuatoriana, denunció el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
El ataque también dejó un manifestante fallecido, como informó ayer de noche el gobierno, elevando a dos el número de víctimas en las protestas que llevan ya 10 días.
Otros seis policías resultaron "heridos con traumas severos y con perdigones" y tres más fueron retenidos por indígenas. "Hay 18 policías desaparecidos", dijo el ministro citado por la agencia de noticias AFP.
El Gobierno aseguró que aceptó el llamado de la ONU, de la Unión Europea y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil para resolver el asunto "mediante el diálogo".
"La violencia se les fue de las manos. Ellos mismos han dicho que tienen infiltrados, que hay personas que están causando caos y destrucción", agregó el ministro de Gobierno en un video publicado en Twitter.
"Lamentablemente se han perdido vidas humanas en situaciones accidentales, según la información que tenemos, y no podemos seguir esperando", agregó.
De acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, ayer murió un manifestante indígena al registrarse una "confrontación" con la fuerza pública en la localidad amazónica del Puyo, en el sureste del país.
La Policía presume que la persona "falleció a consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo".
Otro manifestante falleció el lunes tras caer en una quebrada fuera de Quito donde había manifestaciones, dijo la Policía, e indicó que se trató de un accidente. La fiscalía decidió no obstante abrir una investigación por presunto homicidio.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó dos muertos, al menos 90 heridos y 87 detenidos desde el inicio de las protestas, el 13 de junio.
La Policía, por su parte, informó de 101 policías y militares heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y 80 civiles arrestados.
Seis provincias ecuatorianas se hallan bajo estado de excepción, en virtud del cual el Ejecutivo movilizó militares e implantó un toque de queda nocturno de siete horas.
Iza consideró que la respuesta del Gobierno a las protestas "solo ha conseguido exacerbar los ánimos de la población y generar graves escaladas de conflicto que ya cuentan con dos víctimas".
La Conaie reclama rebajar el precio de los combustibles, un control de precios a los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares, empleo y más presupuesto para salud y educación, además de una moratoria de un año para el pago de créditos con la banca y suspensión de concesiones mineras en sus territorios.
