El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado a un tribunal de Florida que reconozca a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, su “inmunidad” frente a una demanda contra varias autoridades venezolanas presentada por tres estadounidenses liberados tras meses en prisión por el ejecutivo de Nicolás Maduro en un intercambio con la administración de Joe Biden en Estados Unidos.
“Estados Unidos informa respetuosamente a este Honorable Tribunal del interés del Gobierno de Estados Unidos en la demanda pendiente contra la presidenta Delcy Rodríguez, actual jefa de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, y por medio del presente solicitan al Tribunal que le reconozca inmunidad frente a esta demanda”, reza un documento de sugerencia de inmunidad presentado por el Departamento de Justicia ante el Tribunal del Distrito Sur del estado de Florida.
En su argumentación, la Administración de Donald Trump manifiesta interés en el proceso “porque la demandada Delcy Rodríguez es la actual jefa de un Estado extranjero, Venezuela, quien goza de inmunidad frente a la jurisdicción de este Tribunal mientras permanezca en el cargo”.
“En este caso, dado que el Poder Ejecutivo ha determinado que la presidenta Rodríguez, como jefa de Estado de Venezuela, goza de inmunidad de Estado frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses en virtud de su cargo actual, la presidenta Rodríguez tiene derecho a la inmunidad de la jurisdicción de este Tribunal sobre esta demanda mientras ocupe dicho cargo”, ha manifestado el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett A. Shumate, en la misiva.
En el mismo sentido y a modo de conclusión, el Departamento de Justicia ha zanjado que “la presidenta Delcy Rodríguez goza de inmunidad en esta acción y que todas las demandas en su contra deben ser desestimadas sin perjuicio”.
El caso en cuestión parte de una demanda por la que tres ciudadanos estadounidenses –Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval– reclaman una compensación económica por sus meses detenidos en Venezuela bajo presuntas torturas, antes de que un intercambio entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden los sacara de aquella situación.
El juez Darrin P. Gayles había impuesto una indemnización por valor de 314 millones de dólares (unos 275 millones de euros) a los acusados, que incluyen a siete individuos –entre ellos, Maduro, Rodríguez y al empresario y exministro de Industria venezolano Alex Naim Saab Morán–, además del Cártel de los Soles.
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