El Congreso de Perú ha declarado el estado de emergencia en la Policía a fin de dotarla de mejores medios para combatir las altas tasas de criminalidad que sufre el país, especialmente en Lima y Callao, donde los transportistas celebraron el jueves una huelga tras el último asesinato de un trabajador del sector.
La propuesta plantea que en el margen de 180 días, las instituciones del Estado han de reforzar y mejorar las capacidades materiales y personales de la Policía, que en los últimos años ha venido padeciendo una merma en su operatividad, según ha dicho la presidenta de la comisión de Defensa del Congreso, Adriana Tuleda.
La diputada de Avanza País ha enumerado la falta de recursos, el bajo número de efectivos policiales e infraestructuras deficientes, como algunas de las principales razones que explican esta incapacidad de la Policía para hacer frente a “una ola de criminalidad que afecta gravemente a los ciudadanos”.
Asimismo, la medida también prevé un plan de reestructuración de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, que en poco más de dos años ha tenido ya siete responsables, después de que el sexto, Juan José Santívañez, no superara en marzo una moción de censura del Congreso.
En el plazo de 90 días, Interior, en coordinación con la Policía, ha de presentar al congreso una propuesta de reestructuración de ambas instituciones, según recoge el diario ‘La República’.
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