Numerosas organizaciones no gubernamentales en Chile temen que la decisión del nuevo Gobierno liderado por el ultraderechista José Antonio Kast de frenar la expropiación de Colonia Dignidad, un enclave fundado por un exsuboficial nazi que sirvió como centro de detención, tortura y desaparición durante la dictadura de Augusto Pinochet, suponga un retroceso en materia de Derechos Humanos.
La Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad ha afirmado que esto no se trata de un “ajuste administrativo” ni de una “reconsideración técnica”, sino de “un acto político regresivo que vulnera obligaciones y compromisos fundamentales en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
“El argumento económico utilizado por el Gobierno resulta inaceptable. No existe una base pública transparente que permita sostener las cifras que se han insinuado. Invocar el coste, sin transparencia ni rigor técnico, no es más que una excusa para encubrir una decisión política ya tomada”, ha precisado.
La ONG ha argumentado que está en juego “la credibilidad del Estado frente a las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional”, aludiendo a que representa una “señal clara” de que el Gobierno “está dispuesto a retroceder en políticas de Derechos Humanos, incluso en aquellos casos donde existe reconocimiento oficial de crímenes de lesa humanidad y procesos judiciales aún en curso”.
En la misma línea se ha expresado Mariela Santana, abogada de Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y representante de familiares detenidos desaparecidos en Colonia Dignidad durante la dictadura, quien ha apuntado a que se trata de “un retroceso grave en materia de Derechos Humanos”.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha avisado que la decisión del Ejecutivo “debilita una de las medidas más significativas para resguardar evidencias, asegurar su preservación y garantizar el acceso público a un sitio de memoria de alto valor histórico y judicial”.
“Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado imponen obligaciones ineludibles en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, dirigidas tanto a las víctimas como al conjunto de la sociedad”, ha argüido.
COSTE DESORBITADO Y DISCREPANCIAS SOBRE LA LEY
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha defendido que la decisión de paralizar la expropiación de 117 hectáreas de Colonia Dignidad, para construir un memorial en honor a las víctimas de la colonia, responde a unos presupuestos cargados de “deuda de arrastre” a raíz de una serie de proyectos “faraónicos” impulsados por el anterior Gobierno de Gabriel Boric.
“No voy a dejar de hacer viviendas para expropiar una localidad completa a un coste exorbitante cuando con esos mismos recursos puedo hacer 600 o 700 viviendas”, aseguró Poduje en una entrevista con el diario ‘La Tercera’, cuantificando el proceso de expropiación de la comunidad agrícola alemana en 47 millones de pesos, una cifra que las ONG dicen desconocer.
Poduje también negó que la medida responda a una cuestión ideológica. “Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social”, detalló, reiterando que con ese dinero el Gobierno podría “arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado o mejorar canchas que están abandonadas donde los niños no pueden jugar”.
Más allá del coste desorbitado de la operación y las deudas que acumula el Ministerio, Poduje ha argumentado que las expropiaciones quedan restringidas exclusivamente a viviendas, equipamiento comunitario, infraestructura y remodelaciones en virtud del artículo 51 de la Ley 16.391, por lo que ha defendido que carece de competencias para llevarla a cabo.
En una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile, Kast ha señalado que hay “un problema de ajuste fiscal importante”, si bien “eso no quiere decir que tengamos que desconocer el sufrimiento que puedan haber tenido muchas personas en Chile”.
Al presentar la medida en marzo de 2025, el Gobierno de Boric circunscribió el proyecto bajo el Decreto Ley 2.186, que determina que se puede llevar a cabo un procedimiento expropiatorio “por causas de utilidad pública o de interés social o nacional”.
Colonia Dignidad cuenta con un estatus especial al haber sido declarado Monumento Nacional en 2016 durante el mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet, imponiéndose así restricciones y obligaciones específicas a su propietario por ser un “bien de interés público”.
COLONIA DIGNIDAD, MÁS DE UNA DÉCADA DE ABUSOS
La Sociedad Benefactora y Educacional Colonia Dignidad fue creada por decreto en septiembre de 1961 con el objetivo de “prestar ayuda a la niñez”, especialmente a menores “huérfanos, vagos y desvalidos”. La organización, liderada por el exmilitar nazi Paul Schafer, contaba con importantes subvenciones estatales.
Schafer, que huyó de Alemania acusado de perpetrar abusos sexuales contra niños en un orfanato en Siegburg, se instaló en la comuna de Parral, a unos 380 kilómetros al sur de Santiago, y se trajo de Alemania a un grupo compuesto por menores que fueron secuestrados sin el conocimiento de sus progenitores y algunos adultos que se trasladaron a Chile por convicciones religiosas, buena parte de ellos con conexiones con la Alemania nazi.
Según un informe del Archivo Nacional de Chile, Schafer lideraba una comunidad agrícola en la región del Maule, con tintes autoritarios y aislada de la sociedad chilena. La secta, organizada jerárquicamente, establecía una división rigurosa por sexos, incluyendo también de padres e hijos.
Los altos mandos de la comunidad ejercían una constante vigilancia e imponían castigos –como tratamientos con psicofármacos y electroshock suministrados en el Hospital de la Colonia– a quienes se apartaran de la disciplina impuesta por Schafer, que abusó sexualmente y violó a decenas de niños y jóvenes durante décadas. Sus miembros, que vivieron bajo un régimen de recompensa y castigo, trabajaban en régimen de esclavitud, sin ingresos económicos propios.
Con la llegada de Salvador Allende al poder en 1970, tanto Schafer como sus partidarios empezaron a vincularse con la organización paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad, participando en actos violentos contra el Gobierno progresista chileno y llegando a colaborar incluso con los preparativos para el golpe de Estado en 1973.
El asentamiento se convirtió posteriormente en un lugar clave de la represión llevada a cabo por el régimen de Pinochet entre 1973 y 1978. La bodega donde se almacenaban las patatas en Colonia Dignidad fue utilizada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para perpetrar técnicas de tortura similares a las empleadas en la Alemania nazi contra prisioneros políticos chilenos.
Tras la dictadura, el Gobierno de Patricio Aylwin intentó poner fin a la colonia –donde se descubrieron fosas comunes y un importante arsenal de armamento– por decreto en 1991, calificando la comunidad agrícola como un “Estado dentro del Estado”.
Schafer, alias ‘El Profesor’, fue acusado en 1996 por abusos sexuales contra más de una decena de niños en Colonia Dignidad y logró huir a Argentina, si bien fue arrestado en 2005 y condenado a 30 años de prisión más tarde por violación, tortura, asesinato y posesión ilegal de armas. Murió entre rejas en 2010.
En el asentamiento, conocido hoy como Villa Baviera, viven alrededor de 300 personas, muchas de las cuales se mostraron en contra del proceso de expropiación impulsado por Boric. Conviven en este espacio colonos alemanes –muchos de ellos exvíctimas de Schafer– y algunos turistas desde que el lugar se convirtió en un resort que cuenta con un restaurante, un hotel y un imponente lago.
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