El Ministerio de Seguridad de Argentina ha demandado este lunes por “mal desempeño” al juez que ha ordenado al Gobierno no “intervenir” en la movilización convocada este miércoles en Buenos Aires contra la reforma de las pensiones, una queja que ha presentado ante el Consejo de la Magistratura de la capital argentina.
“Ya hemos denunciado al juez (Roberto Andrés) Gallardo por mal desempeño. Desoyó a la Fiscalía que se opuso por ‘no haber caso’ y por ser abiertamente incompetente, advirtiéndole que su intervención sería ‘un abuso del sistema’. Y efectivamente se abusó del sistema. Ahora que se haga cargo”, ha anunciado en su cuenta de la red social X el director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto.
Horas antes, ha acusado al magistrado de hacer “política usando a la justicia” al considerar que es “un militante de izquierda”. “En su despacho tiene fotos del Che (Guevara) y de (Vladimir) Lenin. Y usa con orgullo un anillo con la cruz roja del Soviet ruso”, ha añadido acompañando el mensaje con imágenes.
Por ello, este alto cargo de la cartera ministerial encabezada por Patricia Bullrich ha señalado que Gallardo “debe ser juzgado y” apartado de su cargo. “El juez (…) se extralimitó gravemente en sus funciones. Desde el Ministerio de Seguridad lo vamos a recusar, a plantear la incompetencia, la nulidad de todo lo actuado y vamos a apelar”, ha asegurado.
Esta demanda del Gobierno de Javier Milei llega después de que el magistrado haya aceptado un recurso de los sindicatos para reclamar a la ciudad de Buenos Aires la gestión de la seguridad “de manera autónoma” y de los derechos de los manifestantes en las protestas contra la reforma de las pensiones prevista para este miércoles en la capital argentina.
Además, ha instado al Gobierno federal que “se abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que a seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales”, según recoge el bisemanal ‘Perfil’.
Los sindicatos –entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT), el mayor del país– han argumentado en su recurso que las fuerzas policiales dirigidas por el Ministerio de Seguridad actuaron “de forma ilegal” durante las movilizaciones del pasado 12 de marzo, excediéndose en su funciones, mientras que Gallardo considera que existió una “preocupante actitud avasalladora y excesiva” por parte de estas.
Unas 120 personas fueron detenidas durante las protestas del 12 de marzo en los alrededores del Congreso. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado abusos cometidos por las fuerzas de seguridad aquel día, mientras que el Gobierno sostiene que se infiltraron grupos de hinchas de fútbol violentos.
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