El Gobierno de Venezuela ha acusado este martes a la ONU de pretender “alinearse” con aquellos países que más aportan a su financiación en detrimento de la defensa “auténtica” de los Derechos Humanos, después de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Turk, haya criticado la opacidad de los decretos de Nicolás Maduro sobre el estado de conmoción externa en el país latinoamericano.
“La falta de credibilidad del supuesto informe del Alto Comisionado sobre Venezuela, revela un preocupante distanciamiento del sistema de la ONU respecto a la auténtica defensa de los Derechos Humanos para alinearse más con los intereses de potencias que condicionan su financiación a cambio de favores políticos, poniendo en riesgo los principios fundamentales establecidos en la Carta de la ONU”, ha declarado el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil.
El funcionario de la ONU, ha denunciado Gil, “mientras ignora el asalto por parte de Estados Unidos a un buque con petróleo venezolano, elabora un informe repleto de falacias que se suma a los ataques contra nuestro país”. “Esta situación no solo socava la credibilidad de la ONU, sino que también pone en tela de juicio su compromiso con la justicia y la equidad en el ámbito internacional”, ha concluido el ministro.
Estas declaraciones llegan después de que el abogado austríaco haya criticado que el contenido de los recientes decretos aprobados por Maduro sobre el estado de conmoción externa permanece sin publicar, por lo que esta opacidad los “protege del escrutinio y dificulta cualquier evaluación de su compatibilidad con el Derecho Internacional”.
El estado de conmoción externa está contemplado en el artículo 338 de la Constitución venezolana y se decreta en caso de un conflicto externo que ponga en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos o sus instituciones.
En concreto, la medida otorga al Gobierno poderes extraordinarios para movilizar tropas, restringir derechos civiles y controlar los medios de comunicación. Caracas ha justificado la medida ante las tensiones en la región por las operaciones militares de Estados Unidos en aguas del Caribe contra el narcotráfico y la posible intervención de Washington en territorio venezolano.
Turk ha expresado preocupación por “el impacto que la intensificación de la presión militar estadounidense tendrá sobre los Derechos Humanos” y ha reiterado su llamamiento a Estados Unidos para que “utilice métodos de aplicación de la ley establecidos para contrarrestar el grave problema del tráfico ilícito de drogas”.
Por otra parte, ha anunciado que “ya no tengo ningún tipo de plantilla o personal internacional en el país” latinoamericano y ha asegurado que “hemos hecho todos los esfuerzos posibles” para seguir operando en Venezuela, “solicitando visados y dialogando con las autoridades, pero sin éxito”.
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