La jefa de la delegación de la oposición en las negociaciones abiertas con el Gobierno de Venezuela, Dinorah Figuera, ha expresado su satisfacción por la liberación en las últimas horas de un número aún por determinar de presos por motivos políticos.
“Necesitamos que sean liberados todos los presos políticos, que cese la represión, y que el Estado de derecho vuelva a regir en todo el territorio nacional. No es negociable: es una obligación”, ha afirmado Figuera en un mensaje publicado en redes sociales.
Estas excarcelaciones simbolizan “el regreso, forzado por todos, de la dignidad humana, de los derechos humanos y de la idea de que el Estado debe servir a su gente, no perseguirla”.
Varias ONG de defensa de los derechos humanos informaron el sábado de entre veinte y treinta excarcelaciones, algunas de ellas de personas que no estaban registradas como presos políticos. La medida se materializó horas después de que culminara la segunda ronda del diálogo entre Gobierno y oposición.
Entre los excarcelados está el excoronel Miguel Castillo Cedeño, detenido en 2019; Frank Cabañas, detenido en 2017, y el comisario José Gregorio Valladares, todos encarcelados por supuestos planes de desestabilización contra el presidente Nicolás Maduro, según la organización Foro Penal.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha informado de 29 excarcelaciones. “Queremos precisar que un grupo de 17 personas dentro de los excarcelados no figuraba en nuestro registro de presos políticos”, ha explicado.
La ONG Surgentes ha informado de la liberación de ocho mujeres, entre ellas una adolescente, acusadas de formar parte de los llamados ‘tancol’, acrónimo de “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.
Posteriormente, la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó que desde el pasado 21 de agosto ha contabilizado 33 excarcelaciones de presos políticos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció excarcelaciones tras la incursión militar estadounidense que en enero propició la captura del presidente Nicolás Maduro y la muerte de unas 100 personas. La nueva ley de amnistía habría beneficiado a más de 8.000 personas.
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