El equipo legal del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha vuelto a solicitar este martes ante el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués) de Brasil que el exdirigente ultraderechista pueda cumplir en arresto domiciliario su pena de 27 años y tres meses de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, escudándose en su estado de salud.
Los abogados del exdirigente, aludiendo a sus últimas operaciones y a una caída sufrida la pasada semana, han pedido al juez Alexandre de Moraes que le conceda el arresto domiciliario y han solicitado una evaluación médica independiente sobre la compatibilidad de su actual estado de salud con la celda en la que está preso, ubicada en la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.
Según los argumentos de la defensa, las partes podrían estar hablando hoy de “una muerte o una secuela neurológica irreversible” tras la caída de Bolsonaro de su cama “si el impacto hubiera recaído en la región temporal, occipital o la base del cráneo”.
“La ejecución penal, especialmente cuando se trata de una persona mayor y clínicamente vulnerable, no puede estructurarse con la expectativa de que la suerte siga interviniendo. La protección judicial debe ser preventiva, no reactiva ante tragedias consumadas”, han afirmado los abogados.
Además, han alegado que “la imposibilidad estructural de la prisión para ofrecer asistencia humana continua” choca de pleno con las condiciones necesarias “para preservar la integridad física” del exdirigente, quien “no puede valerse por sí mismo”.
Su petición ha llegado horas después de que el magistrado De Moraes haya rechazado otro recurso presentado por su defensa contra la sentencia por su rol en el intento de golpe de Estado contra Lula.
El equipo legal de Bolsonaro, que presentó el recurso en la víspera, defendía que el antiguo presidente tiene derecho a que el pleno del Tribunal Supremo vuelva a debatir la sentencia en su contra basándose en los argumentos del único voto disidente, el del juez Luiz Fux, quien abogó por la absolución del expresidente y la anulación del caso.
Con todo, el juez del Supremo ha rechazado el recurso declarando que afirmar que “la interposición de esta apelación tras la sentencia condenatoria firme es absolutamente inadmisible desde el punto de vista jurídico”. Pese a que no ha precisado los motivos, De Moraes ya había rechazado una apelación similar alegando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al menos desde 2017, establece la necesidad de al menos dos votos disidentes para que se admita este tipo de recurso.
El expresidente brasileño fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder tras las elecciones presidenciales de 2022, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.
La sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.
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