Las autoridades de Venzuela han confirmado este jueves la excarcelación de casi un centenar de personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, acusadas de participar en “hechos de violencia e incitación al odio” después de los comicios que dieron la victoria a Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude de la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
El organismo, que ha recordado que estas personas se encontraban privadas de libertad “por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024”, ha subrayado que esta medida forma parte de las gestiones “permanentes” del mandatario venezolano de cara a “garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos”.
En este sentido, ha incidido en que su decisión afecta “incluso” a quienes “siendo víctimas de la manipulación política y mediática, atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica”.
Además, ha destacado que llegue en un contexto “marcado por el asedio imperialista y las agresiones multilaterales contra el país”, en alusión a las crecientes tensiones con la Administración de Donald Trump, incluyendo los ataques a supuestas narcolanchas, su anunciada pretensión de intervenir en territorio venezolano y la interceptación de petroleros sancionados que entren y salgan de las costas de Venezuela.
Así, ha afirmado que “aun” en esta situación, “el Estado venezolano garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral”. “El Gobierno Bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”, ha asegurado.
Caracas ha salido al paso de los anuncios de varias ONG venezolanas, incluidas Justicia, Encuentro y Perdón; el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP), que apuntaron a la excarcelación de entre 60 y 75 ciudadanos.
Actualmente, según Foro Penal, 902 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela y 62 se encuentran en condición de desaparición forzada.
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