En 1988, el comando político militar a cargo de general del Ejército José Valdivia Dueñas, ejecutó el “Plan Persecución” como respuesta a un previo atentado que costó la vida de cuatro militares.
Como resultado de este operativo sangriento, en el que intervinieron hasta 200 efectivos, fueron asesinados 37 civiles de esta comunidad. 30 años después de los hechos ocurridos en medio del conflicto armado y la violencia, la población de la comunidad de Cayara, provincia ayacuchana de Víctor Fajardo arrastra una vieja deuda de justicia y cumplimiento del Estado, en materia de reparaciones y beneficio en materia de salud, vivienda y educación.
Los familiares investigaron y siguieron procesos judiciales para llegar a la verdad, incluso para incluir la responsabilidad política del entonces presidente Alan García. Lamentablemente, el asunto del proceso judicial por violación de los derechos humanos ha marchado de manera muy lenta, sometido a las demoras promovidas por la defensa de los acusados y la poca colaboración de las Fuerzas Armadas.
Esto ocurre en medio de la severa crisis que vive el aparato de justicia en el país, por lo que es de resaltar el empeño de familiares y organizaciones de defensa de los derechos humanos, a pesar de que transcurrieron más de treinta años sin mayor avance del juicio de acuerdo a lo solicitado por los deudos.
Como parte del cumplimiento de las reparaciones, incluso teniendo los resultados en la presentación del pliego de Justicia, queda claro que no hay suficiente voluntad política para acelerar el trabajo del Estado con la población beneficiaria en el marco de la Ley de Plan Integral de Reparaciones, 28592 e inscrita en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Según el Informe de la Defensoría, son 82,710 beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas Individuales al año 2014, según la Defensoría del Pueblo, con un nivel de avance del 62% por un monto de 195 millones de soles y con un promedio de 3,560 soles por persona. Hay que resaltar un alto índice de no cobro por falta de información que llega casi a 10,000 personas.
Particular gravedad reviste la lentitud y poca operatividad en el acceso a salud y vivienda, por la escasa coordinación intersectorial en los niveles de Gobierno concernidos. Esta situación se evidencia con mayor visibilidad al momento de discutir el Presupuesto General de la República. En Julio del 2017, se inauguró el Santuario Ecológico de la Memoria en Cayara, con el apoyo del Ministerio de Justicia, la Municipalidad Distrital y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, sin embargo persiste la búsqueda de reparaciones, memoria y precisamente, justicia.
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