Keiko Fujimori, la presidenta del “tap tap” en la pantalla, la otrora congresista que pudo abandonar sus labores parlamentarias por casi 500 días para realizar sus estudios de maestría y para su licencia de maternidad (privilegio que varias hubiésemos querido tener), dijo que los diputados estaban poniendo a prueba su paciencia.
La impaciencia la corroe porque hace poco más de un mes, le pidió al Parlamento que le otorgue luz naranja, rapidito no más, a un genérico pedido de facultades que, desde algunos sectores técnicos, como lo es el Colegio de Ingenieros de Lima del Perú (CIP Lima), pusieron también la alerta por ser una retahíla de solicitudes amplias y ambiguas.
El Ing. Jesús Tamayo, presidente del Directorio del Centro de Peritaje del CIP Lima y expresidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), explicó, por ejemplo, que la delegación de facultades en materia de energía eléctrica e hidrocarburos, al ser imprecisa y en un sector tan sensible, requería, mínimamente, ser puntualizado por el Congreso, cuáles son las necesidades identificadas por el Ejecutivo que las pretenden resolver emitiendo normas con rango de ley, sin el orden normal de su debate parlamentario.
En efecto, la solicitud del Ejecutivo contemplaba, en materia eléctrica, así de inespecífica, la actualización del Decreto Ley N.° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y de la Ley N.° 28832, con la finalidad de brindar la seguridad jurídica para activar inversiones privadas, asegurar tarifas competitivas a los usuarios, etc. El Ing. Tamayo advirtió que el reto no pasa por crear nuevas leyes, sino por reglamentar las que ya están vigentes para hacerlas efectivas, porque más que leyes, explicó que urge reglamentar las existentes para destrabar las inversiones.
En materia ambiental, que fue el primero de los pedidos del Gobierno que generó mayor polémica y rechazo (lógica reacción porque mientras el mundo moderno debate qué hacer para afrontar las sequías extremas que ponen en peligro el acceso al agua y la seguridad alimentaria; en nuestro país, la señora Fujimori pide facultades para flexibilizar las reglas), el CIP Lima también se pronunció. Si bien es cierto reconoció la necesidad de reducir plazos, eliminar cuellos de botella y mejorar la eficiencia y predictibilidad de los procedimientos vinculados con la gestión y certificación ambiental; sin embargo, considera que estos objetivos deben alcanzarse sin reducir los niveles de protección ambiental, afectar los estándares técnicos vigentes ni comprometer las garantías que sustentan el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).
Y la lista podría seguir. Y todo nos llevaría a afirmar que, bajo el límpido velo del pedido de facultades legislativas, el Gobierno sin facultades para lograr consensos, pretendió deslizar un cheque en blanco en torno a 66 medidas distribuidas en ocho materias, no urgentes, pero sensibles, como las ya descritas líneas arriba. Y así, tras semanas de debate, dicho pedido del Poder Ejecutivo quedó finalmente delimitado a 20 medidas y circunscritas a los temas de seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño. La Cámara de diputados aprobó otorgar facultades legislativas al Gobierno por 90 días en estas dos materias, quedando en potestad del Senado dar el puntillazo final.
Reconocer la calidad política, pero sobre todo las facultades de empatía de más de un diputado y diputada del bloque opositor que con claridad expusieron los riesgos de estos pedidos gaseosos de facultades legislativas, es el saldo positivo que nos deja estos días de intenso debate en la que no faltaron las dosis de memorex al fujimorismo, tan carente de facultades para el diálogo y tan acostumbrados a imponer su agenda política y endogámica.
Sí, la imposición y el obstruccionismo del que ahora la bancada oficialista dice ser víctima, ha sido su modus operandi en el Congreso de la República; sino, recordemos la airada frase de Keiko Fujimori, entonces lideresa de Fuerza Popular, con la que se reafirma, además, la naturaleza sostenida de su carácter impaciente: “no me importa si se perjudican diez mil o cien mil personas”, con la que dio la orden a su congresista Yesenia Ponce de frenar el proyecto de irrigación Chinecas en la región Áncash, y solo para evitar que el entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se beneficiara políticamente de dicha obra.
Ese es el actuar calculado del fujimorismo desde sus orígenes. Y eso explica por qué su pedido de facultades legislativas no iba a prosperar. Es muy pronto para olvidarse de los que no votamos por ustedes, de los que no estamos dentro de ese apenas 15% de voto cautivo que los sostiene, y decidimos otorgarles nuestra confianza a otras personalidades en la Cámara de Diputados. Y sentimos que la oposición ha defendido muy bien nuestra voz y ahora ustedes, fuerza impopular, están obligados a aprender algo que no hicieron estos años: a incorporar en su actuar político facultades para el contraste de ideas sin insultos y sin terruqueo, ¿será posible?
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