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Opinión

Julio Arbizu
Julio Arbizu
Abogado y político peruano. Ex Procurador Anticorrupción (2011-2014).

Deterioro de la magistratura

La caída de los "hermanitos" está poniendo nerviosos a muchos personajes que antes se sintieron invulnerables.

Ya sabemos que todo acto de corrupción afecta inexorablemente derechos fundamentales. Sin embargo, ¿estamos en condiciones de señalar cuál es la intensidad de la afectación del derecho de acceso a la justicia que supone la captura total o parcial de instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial o el Ministerio Público?

La revelación de las conversaciones entre personajes de estas instituciones, y su vez entre estos y delincuentes ordinarios o extraordinarios exponentes de la política local, pueden, entre muchos otros efectos, tener el valor de empezar a darnos alguna idea.

Cuando los representantes del organismo dedicado a nombrar jueces y fiscales ejercen esa función alquilando sus decisiones al mejor postor, la primera consecuencia será el deterioro técnico de la magistratura.

Las plazas de jueces y fiscales no obedecerán más a criterios de meritocracia o especialidad, sino a la posibilidad de comprarlas con dinero o favores. Pero si, además, quienes acceden a esas plazas son sujetos funcionales a organizaciones criminales o a agrupaciones políticas que imitan sus procedimientos en la vida pública del país, la injusticia de la disparidad en el acceso a la judicatura se convertirá en la nociva instrumentalización del sistema por parte de quienes representan intereses delincuenciales provenientes del crimen ordinario o de la política.

Esto último es mucho más grave, pues supone el establecimiento de un delicado plan de captura de los espacios de impartición de justicia con el fin de convertirlos en mecanismos de impunidad o instrumentos de persecución. El sistema de justicia administrando la injusticia.

Si alguien se pregunta por qué los Humala estuvieron casi un año en prisión preventiva, mientras Keiko Fujimori, emplazada por el mismo delito, corría maratones en Estados Unidos, o cómo es posible que García, sobre quien pesan acusaciones tan graves como los narcoindultos o la emisión de decretos para facilitar contratos -sin control adecuado- desde el Estado, haya sido respaldado con el archivo de las investigaciones en su contra por su amigo el fiscal de la Nación, José Peláez, la respuesta puede ser respondida con solvencia desde la difusión de los audios de la vergüenza. Por muchos años, el sistema de justicia ha sido funcional a la impunidad de importantes líderes políticos que se cuidaron de infiltrar a sus alfiles en los espacios de decisión.

La caída de los “hermanitos” está poniendo nerviosos a muchos personajes que antes se sintieron invulnerables. Esperemos que su efecto sea demoledor. Combatir este tipo de corrupción permite la recuperación de un espacio fundamental en la vida democrática del país. Ahora, desde un punto de vista ciudadano es todavía más importante el garantizar el derecho de acceso a la justicia. Sacar del imaginario colectivo la idea de que para acceder a la justicia se debe tener o dinero o influencias. Desterrar la idea de que la justicia es un barómetro para medir el poder y la capacidad de preservar la libertad aún cometiendo las más feroces fechorías.

Esta es una columna. El análisis y las expresiones vertidas son propias de su autor/a y no necesariamente reflejan el punto de vista de EL PERFIL.

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