Como país hemos avanzado contra la corrupción, pero falta mucho. Hemos avanzado sobre todo contra las mafias políticas, con el Apra y Solidaridad Nacional aplastados en las elecciones pasadas y el fujimorismo derrotado, aunque el surgimiento de Podemos Perú con su dueño José Luna, metido hasta la cabeza en los robos de Castañeda, es un peligro.
Una cantidad de expresidentes, exgobernadores regionales, exalcaldes y excandidatas están en la cárcel o con medidas preventivas, y estos procesos hay que llevarlos hasta sentencias definitivas.
Pero hay el otro lado de la corrupción: los monopolios que pagaron las coimas e hicieron millones. Odebrecht la campeona pero al menos ha cantado y embarrado a cantidad de sinvergüenzas. Pero están también las otras treinticuatro empresas del "club de la construcción" que siguen funcionando como si nada hubiera pasado.
Apenas Odebrecht y sus tres socias peruanas (GyM, JJC e ICCGSA) tienen que separar una partecita de lo que nos cobran a un fondo destinado a la reparación civil y no pueden llevarse así nomás su dinero. Pero OAS, Andrade Gutiérrez, Galvao Engenharia y Camargo Correa que son las otras grandes brasileñas corruptas y las nacionales Cosapi, Aramayo, Obrainsa y demás empresas del "club de la construcción" siguen sin ninguna fiscalización especial o barrera legal.
Están también los que compraron favores políticos del fujimorismo. Dionisio Romero y sus 3,65 millones de dólares gracias a los cuales la bancaka fujimorista defendió a capa y espada que no se pusieran los octógonos sobre los productos altos en grasas, sodio y azúcar que ende su empresa Alicorp.
Está igual los hermanos Rodríguez Banda del grupo Gloria y José Sam "el rey de los casinos" que incluso lavaba aportes ilegales y que obtuvo igualmente una cerrada defensa de sus millonarios intereses cuando se decidió que los casinos pagaran IGV como cualquier otro negocio. Varias de estas movidas eran ilegales y merecen cana, en otras faltan pruebas. Hay chamba para los fiscales para rato y hay que darles apoyo y presupuesto.
Pero no solo para ellos. También para la SUNAT, porque muchas de esas coimas se cargaron como costos y así evadieron impuestos, y hasta ahora no hay noticia de que está haciendo al respecto. También debe actuar la Superintendencia del Mercado de Valores, que regula la bolsa y las acciones, porque a los demás accionistas, incluyendo los afiliados a AFP que invierten ahí, también nos robaron con esas coimas; era plata de la empresa, de todos los accionistas de Credicorp y GyM, no sólo de Dionisio Romero, Vito Rodríguez o José Graña.
Hay también un gran pendiente que debe asumir el nuevo Congreso, que debe ponerse duro con ellos. Deben quitarles los beneficios especiales como exoneraciones tributarias a las mineras, la banca y las universidades-negocio, las leyes que nos obligan de pagar altas comisiones a las AFP, la permisividad frente a monopolios que dominan la banca y el mercado de medicinas, que se sostienen gracias a esos "aportes de campaña".
Si los corruptos no deben poder postular a cargos público, las empresas que nos han robado (y sus principales accionistas) no deben poder contratar con el estado. ¡Cerremos el caño a esas contratistas y concesionarias corruptas! Es necesario también una ley para revisar los arbitrajes trafeados y los contratos de obras sobrevaluadas y que todos los contratos con el estado vigentes incluyan una cláusula anticorrupción. Hay también que revisar las leyes de concesiones, Alianzas Público-Privadas y contrataciones de obras que facilitan la corrupción.
Estas son medidas básicas para enfrentar la corrupción económica. Para lograr el progreso nacional, habrá que iniciar otra estrategia de desarrollo económico, una que en vez de privilegiar a grandes grupos monopólicos y las actividades extractivas, apoye a las pequeñas empresas, la industria, el turismo, los servicios y el agro.
