En el Perú contamos con 1024 muertos debidamente registrados (sin incluir al subregistro). ¿Cuántos de los fallecidos han sido trabajadores exceptuados de la cuarentena? No existe una data pública, solo reportes de noticias sobre: policías muertos, personal médico protestando por la falta de seguridad, decenas de contagiados de personal de supermercados y bancos, más de 250 trabajadores mineros contagiados, y la lista sigue.
A diferencia de otros, estos trabajadores no tuvieron la oportunidad de hacer una cuarentena y cuidar a su familia, tuvieron que salir a cumplir con un servicio esencial para resguardar la vida de todos, con excepción de los trabajadores mineros quienes continuaron laborando por presión de la Confiep.
Laborar en medio de esta pandemia es una labor de riesgo que se incrementa en la medida que se tiene un mayor contacto con los contagiados, o en las zonas de contagios. El Gobierno lo entendió así, y por eso el miércoles 29 ha publicado el documento técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” en el que establece los diferentes niveles de riesgo de los puestos de trabajo según la actividad que se realiza: bajo, mediano, alto y muy alto riesgo.
Si bien la norma citada es una herramienta importante para prevenir los contagios, es insuficiente en materia de reconocimiento frente al riesgo que asumen los trabajadores que no pueden hacer cuarentena y a la protección especial que debieran recibir sus familias en el caso ocurra un deceso. En otros países como en Argentina se ha declarado presuntivamente al COVID como enfermedad profesional de los trabajadores dependientes que estuvieron excluidos por ley de la cuarentena con el fin de realizar actividades declaradas esenciales. Uruguay en el mismo sentido pero solo reconociendo dicha enfermedad al personal de salud (médico o no médico).
La declaración de COVID-19 como una enfermedad profesional es importante porque facilitaría el acceso a la indemnización o prestaciones correspondientes, a partir de la presunción que el COVID-19 se ha adquirido en el trabajo, a menos que se comprueba irrefutablemente lo contrario, así lo señala IndustriALL Global Union que representa a cientos de sindicatos a nivel mundial. Incluso dicha organización va más allá, al señalar que debiera comprenderse que la definición de lugar de trabajo abarca los desplazamientos de ida y vuelta al trabajo, eso con la finalidad de ampliar el cuidado que se debe brindar a los trabajadores.
El Gobierno ha reconocido en algo la labor sacrificada y de riesgo de los médicos, personal asistencial, policías, fuerzas armadas y agentes del INPE, con el pago de un bono; pero debería ampliar sus esfuerzos reconociendo a más trabajadores que continúan arriesgando sus vidas como son los serenazgos y que ya vienen siendo despedidos por algunos malvados alcaldes. ¿Y las empresas privadas como los bancos que no han dejado de ganar, harán lo mismo con sus trabajadores?
El Gobierno debe proteger a la familia de los trabajadores. Debe declarar al COVID-19 como una enfermedad profesional. Este 1 de mayo ha de servirnos para que no nos olvidemos de los que murieron cumpliendo un deber y que en su mayoría no pudieron ni ser despedidos por sus seres queridos.
