Se ha reavivado en el seno del movimiento laboral el deseo de impulsar la construcción de una verdadera democracia, donde el pueblo tenga poder de decisión sobre las políticas gubernamentales. Esto solo es posible si es el mismo pueblo organizado es el que forma parte activa del gobierno.
Los ánimos se han reavivado en la actual coyuntura, debido a la visibilidad de la corrupción de los funcionarios y los empresarios, en el marco del megacaso Lava Jato. Hemos visto cómo las leyes que eliminan derechos a los trabajadores para darles mayores ganancias a los empresarios se transan con los políticos y funcionarios corruptos.
Hemos visto también cómo se negocian los peajes de la corrupción, y cómo, mientras muchos tienen salarios y pensiones de hambre, otros reciben sueldos y pensiones de países del primer mundo.
La lección es clara: el poder político es un espacio que debe ser tomado por las víctimas de la corrupción, entre ellos los trabajadores. Las elecciones del Congreso 2020 son un primer paso.
La apuesta más amplia de participación política se encuentra en construcción civil, con candidatos que van por el frente electoral Juntos por el Perú (JP). Héctor Calla Chura en el Cusco con el número 4, Efraín Anahua (Puno, 3), Abel Colquepisco (Piura, 5), Daselita Napiama (Loreto, 4), Fidel Gonzales (Huancavelica, 3) y Eleuterio Vera Durán (Cajamarca, 2).
Y en Lima Metropolitana, va Félix Ocampo con el número 9, y se ha apostado por impulsar la candidatura de Mauro Chipana, con el número 13. Ocampo pertenece al rubro de la construcción civil, gremio que ha luchado sin desmayo por la recuperación de la democracia en los años 90 y que ha logrado, vía negociación colectiva por rama de actividad, aumentos salariales cada año. Los salarios pueden aumentar cada año y construcción civil es una prueba de ello. Pocos lo saben. Ellos quieren universalizar esta experiencia en otras actividades económicas.
Mauro Chipana, desde el directorio de Essalud, en representación de la CGTP, logró impulsar el pase de 12,000 trabajadores de Essalud del CAS al régimen del Decreto Legislativo 728, con lo cual obtienen más y mejores derechos laborales. Él pertenece al rubro de los obreros municipales e impulsa una campaña por ciudades limpias y con seguridad ciudadana, mejores salarios y beneficios laborales para todos.
Ambos son trabajadores que han cumplido con su sector laboral y ahora quieren llevar esta experiencia a todos los trabajadores peruanos, pero para ello necesitan ingresar al seno del poder; en esta ocasión, al Congreso de la República.
Existen otras opciones en diversas partes del Perú, que no provienen de construcción civil o el sector mayoritario laboral, pero que pueden ser una buena opción para quienes deseen apostar por un buen candidato. Está en el Callao Julio Toro Campaña, con el número 2. En Ica, Renán Raffo, afín a los trabajadores; Everardo Cadillo en Lima Provincias, con el número 1, entre otros.
Los trabajadores han padecido las leyes antilaborales, impulsadas por la CONFIEP. No es gratuito que el Consejo Privado de Competitividad, dirigido entonces por el vacado primer ministro de PPK, Fernando Zavala, haya elaborado el Informe de Competitividad que es la madre del cordero del lesivo Plan Nacional de Competitividad y Productividad publicados por el Gobierno que dirige Martín Vizcarra. Los mismos operadores políticos que ingresaron al gobierno con Pedro Pablo Kuczynski (vacado por corrupción y por liberar al criminal de lesa humanidad Alberto Fujimori) continúan conspirando contra nosotros.
Por ello se entiende que ninguno de los gobernantes haya planteado defender el agua como derecho humano e impedir la privatización de Sedapal, y que tampoco pretendan recuperar las empresas del Estado vendidas por Fujimori y Montesinos. Si sabemos que fue un robo, ¿por qué no recuperar lo robado?
Al actual gobierno no le temblaría la mano para culminar con la privatización total de nuestras vidas. Los peajes para entrar y salir de nuestra casa, la miseria de no saber qué nos depara el futuro, el trabajo informal y mal pagado... nada de eso afecta a quienes nos gobiernan. Es momento de que las víctimas comiencen a gobernar para hacer del Perú un país más justo.
