Si existe unanimidad en el país sobre dos carencias esenciales es sobre la salud y la educación. Los servicios públicos han colapsado. La casi permanente crisis económica que se soporta no ha permitido su desarrollo y las decisiones políticas han sido casi una constante para su empeoramiento.
En respuesta a esa situación, los empresarios de la construcción, representados por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), y los trabajadores de esa actividad, representados por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) han acordado en la reciente negociación colectiva, además de los aumentos salariales, la contribución económica de los empresarios para la creación de un fondo económico cuyo objeto es el apoyo a la educación técnica del trabajador y que estimamos podría extenderse a su familia.
Es un acuerdo inusitado en la historia de las negociaciones colectivas del país, pero no en esta actividad; recordemos que con el aporte de los trabajadores se creó Conafovicer, entidad que ahora cuenta con un patrimonio alrededor de los 400 millones de soles, con locales en casi todo el país, que apoya al trabajador en situaciones de necesidad, así como presta otros servicios.
Esta iniciativa de contribución económica del empresario a la educación del trabajador incluida en una negociación colectiva debería tener el realce no solo de los medios de comunicación, sino también de las autoridades para propiciar otros acuerdos iguales o similares. El detalle está en que la negociación laboral entre la CAPECO y la FTCCP tiene la condición de rama de actividad, es decir, su alcance es para todos los empresarios y trabajadores de la construcción.
Entonces, si la consecuencia de tener pliego único es que desaparezca el conflicto laboral, o sea paralizaciones de labores, huelgas y otras situaciones de conflicto, como es lo que ha sucedido desde hace 20 años, y ambos gremios tengan la misma meta, o sea una actividad constructiva exitosa, porque ello conlleva a mayor oportunidad de trabajo y mejores ganancias para los dos, no se entiende por qué los empresarios y los trabajadores de otras actividades no requieren la autorización legal para que ello ocurra. De otro lado, tampoco nos explicamos por qué las autoridades del trabajo no tienen la iniciativa de recomendar a los gremios de otras actividades propiciar la norma pertinente.
El país necesita gremios unidos de empresarios y trabajadores. Su unión logra unificar metas que finalmente benefician no únicamente a esas familias, sino también la paz laboral y la economía del país.
