El rechazo del Uruguay del pedido de asilo diplomático ha sido, sin duda, uno de los golpes más duros que ha recibido el expresidente Alan García, quien, al enterarse que ya era público que había recibido 100 mil dólares en su cuenta del Banco Continental de la Caja 2 de Odebrecht por una conferencia en Sao Paulo, entró en pánico y pretendió evadir la justicia ingresando a la casa del embajador uruguayo.
El presidente del Uruguay, Tabaré Vásquez, se demoró 16 días para estudiar el espinoso caso García y finalmente llegó a la conclusión de que el expresidente no es un perseguido político como él lo denunció y que en el Perú hay un estado de Derecho en el que la Fiscalía y el Poder Judicial realizan su labor con independencia sin interferencia del Ejecutivo o el Congreso.
El presidente Martín Vizcarra dijo, al enterarse de la decisión del Uruguay, que en el Perú nadie tiene corona. “Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso”, escribió en Twitter.
El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez investiga a García por presuntamente haber recibido sobornos de la referida empresa brasileña y como la investigación está en fase preliminar el fiscal aún no puede pedir una prisión preventiva.
Detención preliminar
Sin embargo, el fiscal Pérez sí puede pedir una detención preliminar de 10 días para García como lo hizo para Keiko Fujimori, quien dejó la prefectura en 7 días, antes de que le den 36 meses de prisión preventiva.
Para la detención preliminar no es necesario una audiencia en la que García se defienda. El fiscal puede pedir la detención preliminar al juez sin comunicarle al investigado.
Cuando la investigación pase a su fase preparatoria el fiscal sí puede pedir la prisión preventiva para García y este deberá defenderse en una audiencia de todas las imputaciones como lo hicieron en su momento Keiko Fujimori y los abogados de Nadine Heredia y Ollanta Humala.
Si el fiscal pide prisión preventiva para García tiene que tener evidencias que le den un alto grado de probabilidad de que el imputado es el responsable del delito por el que se le investiga. A García se le investiga por el grave delito del lavado de activos.
Además, debe haber un peligro de fuga del investigado y que este obstaculice la investigación. Todos los entendidos han señalado que García ha pretendido fugar del país al pedir asilo diplomático al Uruguay y que ha obstaculizado la investigación al decir que hay una persecución política en su contra.
El jurista Guillermo Olivera Díaz explicó a PERFIL de que para pasar la investigación preliminar a preparatoria solo se necesita una disposición del fiscal, un documento simple. “El fiscal Pérez tiene la investigación avanzada y yo creo que conviene que hay una detención preliminar como a Keiko a fin de que se fugue”, indicó.
García dijo, mediante el Twitter: “Dí más de 30 conferencias en 10 países. Una en Brasil, para la Federación Industrial de Sao Paulo. (No Odebrecht). Todos los contratos, honorarios e impuestos pagados están publicados y han sido investigados por el Congreso y la Fiscalía”.
Todo indica que García mintió. IDL-Reporteros sostuvo, mediante una documentación obtenida a lo largo de varios meses, que la conferencia del 25 de mayo de 2012 fue pagada “por Odebrecht a través de la Caja 2 de la división de ‘operaciones estructuradas’ de esa corporación (encargada del pago de las coimas y otras operaciones financieras clandestinas), para ocultar quién le pagó a García”.