El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, consideró que la Ley 3533 que busca liberar al condenado Alberto Fujimori haría que el Estado incumpla las obligaciones internacionales a las que se ha comprometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es por esto, que esta ley debería ser observada por el Jefe de Estado, Martín Vizcarra, y en caso sea aprobada por insistencia por el Congreso de la República se debería presentar una demanda de inconstitucionalidad para que los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) declaren su ilegalidad.
Al respecto, el jurista recordó que en la sentencia de la CIDH referida al caso Barrios Altos y La Cantuta se estableció que el caso Fujimori es considerado para el derecho internacional como un delito de derechos humanos y que en consecuencia no le corresponde beneficios como los que plantea la congresista Yeni Vilcatoma en su polémica ley.
Si quisiera otorgarse algún tipo de beneficio para se deberían pagar la reparación civil que se le impuso, debería pedir perdón a las víctimas y apoyar al esclarecimiento de los crímenes que se perpetraron. Según Quispe ninguna de estas cosas es considerada por Vilcatoma y además desnaturaliza el sistema y procedimientos de beneficios penitenciarios.
Sobre esto el abogado explicó que según la ley en cuestión ahora sería el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la encargada de ofrecer beneficios como el arresto domiciliario que según el Código Penal debe estar a cargo del Poder Judicial (PJ).
Según el procedimiento regular el juez penal cita a una audiencia a donde acude el condenado, el abogado de la parte civil y la fiscalía "Con el procedimiento que plantea no hay audiencia, no hay el pedido de perdón de la víctima, no hay pedidos para que den información sobre quienes han participado del delito están desnaturalizando un procedimiento pensado para un juez penal y no para el INPE", indicó.
Además, para el abogado del IDL, Martín Vizcarra, debería observar la ley 3533 debido a que abre las puertas a grandes perpetradores de violaciones a casos derechos humanos y a corruptos. Entre los posibles beneficiados Quispe indicó que podrían estar además de Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe, Carlos Bergamino Cruz, entre otros.
