Las resistencias del fujimorismo a las reformas del sistema político y judicial están evidenciadas en el dictamen aprobado sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora llamado Junta Nacional de Justicia, en el que ha desaparecido la participación ciudadana,entre otros temas. También en su negativa de publicar la lista de intereses de los congresistas.
Así lo expresó el congresista Yonhy Lescano (AP), quien advirtió que se eliminaron tres aspectos importantes del proyecto del Ejecutivo: la vigilancia ciudadana, una verdadera meritocracia que prescinda del voto para elegir alos jueces y la participación de la mujer. “No quieren ningún tipo de reforma que pueda ayudar al país a caminar de acuerdo a los intereses generales del pueblo peruano, sino a sus propios intereses”, sostuvo.
Lescano afirmó que otro de los artículos que fue eliminado en el proyecto sobre la bicameralidad, es el que se refiere a la declaraciónde intereses y patrimonio como requisito para los nuevos parlamentarios. “La historia ha demostrado que existen funcionarios que entran con una mano atrás y salen del poder millonarios”, expresó, al reclamar por la eliminación del articulado.
La declaración de intereses y de patrimonio ya existe en países como Colombia y Chile, lo que evita que los parlamentarios se conviertan en defensores de grupos de poder, como ocurre con frecuencia con el Parlamento peruano.
Recientemente se denunció que Fuerza Popular favorece el lavado de activos, tiene vínculos con la minería ilegal, impide el control de los plásticos o de los alimentos envasados y que los fujimoristas Miki Torres y Úrsula Letona evitaron que la Superintendencia de Banca y Seguros supervise a las cooperativas de ahorro y crédito.
Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, expresó que la aprobación de esta reforma constitucional hubiera representado un importante avance, tal como ya viene ocurriendo en otros países. “Esta obligación ya existe en varios países desde hace una década y, en otros casos, desde hace una década y media”, explicó.
“Las declaraciones de patrimonios e intereses son instrumentos bastante extendidos de prevención de la corrupción”, apuntó, al precisar que, si se tomara en cuenta los estándares internacionales, incluso se obligaría a presentar tales declaraciones a los familiares de las representantes.
En tanto, la abogada de Justicia Viva, Cruz Silva, aseguró que el dictamen que reemplaza el Consejo Nacional de la Magistratura con la Junta Nacional de Justicia no es una reforma y representa un retroceso pues “ha empeorado el sistema que actualmente teníamos”.
La jurista advirtió que, con el proyecto aprobado, el Congreso tendrá injerencia indirecta en la composición para elegir a los integrantes de este organismo a través de los jueces del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo y el contralor.
