La abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cruz Silva, y la periodista de IDL– Reporteros, Romina Mella, expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) la grave crisis que está viviendo en el sistema de justicia peruano y los excesos que vienen cometiendo algunas instancias del Ministerio Público (MP) y el Congreso luego que se difundieran los denominados CNM Audios.
De esta manera, a través de una serie de peticiones demandaron que la Comisión IDH solicite al Estado peruano aplicar fórmulas reales para poner fin a la crisis en mención. Entre las principales peticiones destacan: solicitar al Estado peruano adoptar medidas de protección para los periodistas y las funcionarias del sistema de justicia (policías, fiscales y jueces) que investigan la red de corrupción revelada luego de la difusión de los audios.
Se espera así que no sean víctimas de violaciones a sus derechos ni al libre e independiente desempeño de sus cargos. Se solicita que el Estado informe sobre las medidas adoptadas para proteger la independencia del MP y la Fiscalía de la Nación y que informen sobre las medidas que adoptadas para que garanticen la no impunidad de la red de corrupción denunciada.
Asimismo, se pide que la CIDN en la nota del presente informe de periodo de sesiones resalte la importancia del papel fiscalizador de la sociedad civil y el periodismo de investigación para denunciar las redes de corrupción que afectan gravemente la independencia del sistema de justicia del país y que en su informe anual del 2018 incorpore un capítulo sobre la grave afectación de la independencia judicial y el derecho de acceso a la justicia por parte de redes de corrupción que han venido operando en el Perú.
GRAVE IMPUNIDAD
Además de estas peticiones se denunció la grave impunidad descubierta y que ha sido evidenciada por la existencia de jueces supremos vinculados a partidos políticos como el Apra y Fuerza Popular (FP) que han convertido a la Corte Suprema en un virtual espacio de impunidad.
Para las expositoras las fuerzas políticas en mención son las que están tratando de imponer la impunidad a través de dos actores claves del Estado: el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación.
Respecto a esto dejaron constancia de que en la madrugada del último viernes, el Congreso, con los votos del fujimorismo blindaron al juez supremo César Hinostroza, el principal actor de la red de corrupción, junto a los 4 ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al no denunciarlos por pertenecer a una organización criminal poniendo en jaque la investigación que se hace sobre el denominado caso de “Los cuellos blancos del Puerto”.
En esta línea, se denunció que el Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, desaprobado por el 73% de la población peruana, y sindicado como parte de la red de corrupción al aparecer en audios con César Hinostroza tiene el apoyo expreso y soterrado del partido fujimorista y aprista.
Respecto a Chavarry denunciaron que siendo investigador y a la vez investigado no deja el cargo, aunque 30 de las 34 Juntas de Fiscales del país han pedido un cambio. Además, refirieron que su permanencia al frente del MP significaría la impunidad para el caso más grande de corrupción en Latinoamérica, Lava Jato, que involucra a los dos partidos políticos que lo defienden.
HECHOS PREOCUPANTES
De otra parte, se dejó constancia que existen hechos preocupantes como la existencia de magistrados supremos como Ángel Romero, Duberlí Rodríguez, Martín Hurtado, Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Monteza que aparecen en los audios y todavía no son investigados.
Que el intento de los jueces por sabotear la investigación si pueda funcionar esta vez, que el referéndum que el Poder Ejecutivo ha impulsado se realice con las propuestas desnaturalizadas por el Congreso, haciendo que estas reformas sean una farsa.
Que el Fiscal de la Nación siga en el cargo y que las fiscales que investigan el caso Rocío Sánchez y Sandra Castro no tengan las garantías para continuar su trabajo.
Por todo lo expuesto se concluye que en el país se están violando dos derechos fundamentales como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Garantías Judiciales y el derecho a una Justicia independiente y el artículo 13 sobre la Libertad de Expresión.
UN PEQUEÑO CHARCO
El candidato de Solidaridad Nacional a la alcaldía de Lima, Luis Castañeda Pardo, metió la pata otra vez. Se parece a su padre en eso. Ayer, para refutar a su contrincante Roberto Gómez Baca de Vamos Perú, dijo que este cree tener experiencia porque ha gobernado “un pequeño charco”.
VIVE AHÍ
El exalcalde de Surco, muy indignado, le exigió respeto, porque Santiago de Surco no es un charco y que es un distrito en el que además vive Luis Castañeda Pardo y su padre también. “Mudito” tuvo que hablar y disculparse. Está nervioso porque su candidatura está peor que el de Belmont.
ASÍ LO DIJO
El keikista Tubino dijo: “Le recomiendo al presidente abrir el Tribunal de la Inquisición para acusar y sentenciar como se hacía en el Siglo XVIII: esa señora es ´bruja´ pero esa otra que conversa con ella tiene que ser ´bruja ´ también: ¡las dos a la hoguera! ¡Decídase! ¡Pacori lo necesita!”. A Tubino lo necesita Hinostroza y los otros angelitos.
NO SE SALVA
El candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, disfrazado de policía, aseguró que, de llegar al sillón municipal, sacará a todas las mafias de la Municipalidad de Lima. Piensa festejar, llegar al municipio, ejecutar la norma y regresar a su casa para ver por televisión las nuevas elecciones municipales.
CONVIVIÓ UNOS MINUTOS
La keikista Karina Beteta, en un posible recuerdo fugaz, comentó ayer que ve al presidente Vizcarra feliz y contento conviviendo con muchos corruptos. Beteta debe recordar que el mensaje a la nación, en el que el presidente se reunió en el Congreso, con mayoría fujimorista, ya pasó. Debió declararlo en su momento, con la misma honestidad.
